LD (Manuel Llamas) A mediados de 2005, entró en vigor la normativa sobre aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que establece un sistema de reciclaje mediante el pago de ciertas tasas para sustituir, en base a criterios ecológicos, los viejos equipos tecnológicos. Al mismo tiempo, y tan sólo un año después, se trasladó a la legislación nacional la aplicación de la directiva comunitaria sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (ROHS), cuya finalidad radica en la eliminación de componentes nocivos en la producción tecnológica.
Su puesta en práctica ha obligado al sector a rediseñar por completo su estructura productiva. La combinación de ambas normativas supone un “importante coste sobre el conjunto de productos que comercializamos”, declara a Libertad Digital el director general de Toshiba Tec, Ángel de Juan. La regulación sobre reciclaje obliga a esta empresa a retirar del mercado hasta 100.000 kilos de productos tecnológicos al año, con un coste aproximado de hasta el 2% sobre su estructura de venta. Mientras que el rediseño ha elevado dicha cuantía hasta un 5%.
Competencia “desleal”
De este modo, el ejecutivo de la multinacional admite que tal regulación verde supone un coste promedio adicional de hasta el 7% sobre el volumen de ventas de la compañía que, sin embargo, no se ha trasladado al precio final de los productos, sino a “cargo de los beneficios” de la empresa. Este cálculo se puede extender al resto del sector tecnológico, si bien De Juan advierte que, al menos, el 14% de las compañías tecnológicas registradas en España no cumplen con la normativa sobre reciclado. “La competencia desleal en este ámbito es elevada y castiga a los que cumplimos con la ley”, señala.
No son las únicas normas. En breve, comenzarán igualmente a notarse los efectos de dos regulaciones importantes, que entraron en vigor en 2007: el real Decreto sobre Ecodiseño, que afecta a todos los productos que empleen energía para su funcionamiento, y la Ley de Responsabilidad Ambiental, que impone requisitos más exigentes incluso que los aplicables en otros estados miembro de la UE.