El caso del Servicio Andaluz de Empleo en la operación Griñán de blanqueo de empleo "negro" rezuma claridad y los intereses en él latentes son evidentes. Para empezar digamos que la nueva agencia que controlará la asistencia al empleo en la Comunidad Andaluza tendrá casi 4.000 trabajadores de los que un 40 por ciento procederán del "sector externo", esto es, contratados arbitrariamente por los directivos de la Fundación Fondo Formación para el Empleo, dependiente directamente de los dirigentes socialistas de la Junta. Muchos de ellos han sido puestos a dedo por UGT y CC.OO.
Lo corrobora el Diario de Sevilla que añade que "la nueva Agencia Especial de Empleo que ultima la Junta de Andalucía aglutinará a 3.979 trabajadores del sector público, al integrar a los 2.262 funcionarios y laborales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con los 1.622 empleados -número no revelado nunca por la Administración andaluza - pertenecientes a la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) y otros organismos. Esta plantilla es la que prevé la Consejería de Empleo para la agencia especial que a partir del próximo año gestionará las políticas activas de empleo en la comunidad, según un borrador de la Administración andaluza al que tuvo acceso esta redacción."
El cuadrito que aportamos es bien claro:
Naturalmente, se sabe, más o menos, cómo entraron y qué pruebas hicieron los 2.262 funcionarios y laborales de la agencia. Pero, ¿cómo entraron los 1.622 de la Fundación Andaluza Fondo Formación y los 95 de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico(UTEDLT)? Nadie lo sabe, por lo que presumiblemente entraron en su inmensa mayoría a dedo.
En la reordenación de Griñán, los 3.979 serían empleados públicos amparados por convenios comunes, independientemente de cómo hubiera sido su acceso a la función pública.
El nuevo Servicio Andaluz de Empleo, agencia que integrará a la Fundación Andaluza Fondo de Formación (Faffe) y las 95 Unidades Territoriales para el Empleo y el Desarrollo Local y Técnico (Utedlt), podrá tener personal tanto funcionario como laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, y naturalmente formará parte de la misma el personal procedente de la FAFFE, de acuerdo al decreto ley 5/2010. En total, 3.979 trabajadores, sin contar los directivos, de los que un 40% serán externos.
Posteriormente, "se elaborará una relación de puestos de trabajo (RPT) que estará integrada por los puestos de trabajo ocupados por funcionarios y personal laboral de la vigente RPT del Servicio Andaluz de Empleo, junto con las modificaciones de dichos puestos necesarios para adaptar dicha relación a la nueva organización de la agencia, así como un catálogo de puestos de trabajo en el que se relacionarán todos aquellos puestos necesarios tanto en servicios centrales como en la organización periférica del SAE para el personal que se integra en la agencia procedente de FAFFE y las UTEDLT, teniendo en cuenta las funciones y el trabajo efectivamente desempeñado en la organización de procedencia", recoge su propio borrador.
Éste es uno de los puntos claves. Los sindicatos entienden la entrada de personal no de la Junta, externos, como una "igualación de derechos" con quienes han pasado el debido proceso de acceso a la Administración. Temen cómo se negociarán los futuros convenios de las agencias y hablan de "privatización" de la Función Pública. Pero CC.OO y UGT aceptan que todos estos trabajadores externos se incorporen a la Junta y que, cuando estén dentro, puedan optar a ser funcionarios o laborales mediante las pruebas reglamentarias de acceso. Por tanto, consagran una nueva categoría laboral en la Junta de Andalucía: la de los metidos a dedo.
Es lo de siempre desde 1982: Primero se mete a dedo a quienes se quiere meter a dedo y luego se trata de legalizar si situación de modo que queden fijos en las plantillas. Hechos consumados que han conducidos a la "ocupación política" de las instituciones y de la Administración de la Junta de Andalucía.
Razones del comportamiento bífido de UGT y CC.OO
A pesar de sus aparentes condenas, UGT y CCOO de Andalucía han participado y participan en este festín de colocación de los afines. Para que nos hagamos una idea es esencial tener en cuenta que el Gobierno andaluz destina 9,08 millones a las unidades de orientación laboral gestionadas por UGT y CCOO. Estos servicios están incluidos en la Red Andalucía Orienta, que dicen prestar este año asesoramiento personalizado a más de 26.490 demandantes de empleo
El pasado 13 de octubre e Consejo de Gobierno acordó subvencionar con 9,08 millones de euros a la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A) y a Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO-A) para respaldar este año el funcionamiento de las 55 unidades de orientación laboral que estas organizaciones sindicales gestionan dentro de la Red Andalucía Orienta, que es un servicio de la Consejería de Empleo tiene como objetivo promover la inserción laboral de las personas desempleadas a través del asesoramiento especializado.
La financiación aprobada se distribuye entre 4,55 millones de euros para las 30 unidades de UGT-A y 4,53 millones para las 25 de CCOO-A. En su conjunto, estos servicios están atendidos por 291 profesionales. ¿Qué pasará ahora con el acuerdo Griñán, UGT y CC.OO? Pues que estos 291 colocados a dedo por los sindicatos pasarán a ser empleados de la Junta de Andalucía.
La Red Andalucía Orienta, coordinada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se compone de 368 unidades repartidas por las ocho provincias andaluzas. El SAE se encarga directamente de los ocho centros provinciales de referencia, mientras que las restantes unidades son gestionadas por entidades colaboradoras, entre ellas UGT-A y CCOO-A. La red en su conjunto cuenta con casi 1.300 técnicos la mayoría de ellos externos.