LD (M. Llamas) Como consecuencia, la plasmación de la era post-Kioto implicará la “desaparición y deslocalización masiva” de la industria intensiva continental, con la consiguiente pérdida de calidad de vida de los cuidadanos.
A la actual crisis de solvencia que vive el mercado financiero internacional se le puede sumar, en breve, una debacle económica en el ámbito de la industria europea, en caso de mantenerse inamovible la política comunitaria sobre protección medioambiental.
La Unión Europea (UE) y, especialmente, el actual Gobierno español, han declarado la guerra al temible cambio climático, que amenaza con incrementar la temperatura media del planeta en cerca de 2,6 ºC para 2100. La estrategia europea seguida hasta el momento para lograr la victoria contra el calentamiento global se centra en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el polémico Protocolo de Kioto.
Dicho acuerdo internacional, basado en el comercio de emisiones de CO2 para limitar la contaminación atmosférica, expirará en 2012. En la actualidad, el debate gira en torno a la conveniencia o no de mantener e, incluso, avanzar aún más en esta estrategia, tal y como puso de relieve la última Conferencia sobre Cambio Climático celebrada en Bali. Sin embargo, los efectos económicos del posicionamiento europeo pasarán factura, tanto a la industria como a la sociedad continental.
El director general de la patronal del cemento en España (Oficemen), Aniceto Zaragoza, reitera que este sector ha demostrado su “máximo nivel de compromiso en la lucha contra el cambio climático”, pero éste ha de desarrollarse en el ámbito de “los posibles, no de los imposibles”.
El pasado 23 de enero, la Comisión Europea (CE) acordó la hoja de ruta a seguir a partir de 2013. El objetivo, reducir un 20 por ciento los gases de efecto invernadero (GEI) para 2020 mediante la extensión del mecanismo de subastas de CO2. Una decisión que amenaza con gravar la totalidad de emisiones que la gran industria continental.
En una entrevista con Libertad Digital, Zaragoza advierte de que el comercio de CO2, tal y como se concibe en la actualidad, supondrá “una nueva tasa”. Es decir, “un impuesto” sobre la producción comunitaria, que “determinados sectores no podrán soportar”. En concreto, para la industria intensiva en el consumo de energía, tal y como sucede en el caso del cemento, “la subasta de CO2 implicará aumentos en los costes de producción de entre el 30 y el 40 por ciento”.
Es decir, que “fabricar en la UE será hasta un 40 por ciento más caro que hacerlo en la frontera del norte de África, por ejemplo”, afirma Zaragoza. Con técnicas de fabricación que “también son globales, será imposible incrementar la eficiencia de la industria un 40 por ciento para competir”. De este modo, “nuestra industria estaría obligada a desaparecer como entidad europea y, por tanto, tendría que deslocalizarse” para sobrevivir, indica.
España consume 1.300 kilos de cemento por persona y año
Una industria que, además, es “básica para la vida”, ya que sin cemento “no tendríamos agua potable, ni viviendas, ni carreteras”, entre otras muchos factores “básicos” para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, según Zaragoza. Y es que, no por casualidad, los españoles consumen de media unos 1.300 kilos de cemento por persona y año (4 kilos al día), según los cálculos de dicha patronal.
El problema consiste en que “docenas de países están dispuestos a fabricar lo mismo que la industria europea, pero sin ningún tipo de restricción y, por tanto, de forma muchísimo más barata”. Según Zaragoza, el sector cementero nacional es “uno de los más sensibles a la introducción del comercio de CO2”. Y es que, en un país con numerosos puertos, “donde es facilísimo importar cemento de cualquier parte del mundo, no podríamos competir”. Implicaría, el “cierre de la industria”, señala.
Zaragoza indica que, precisamente, España, Italia y Portugal serán “los países más afectados al proceso de deslocalización”, debido a la “visión incorrecta” que aplica la UE en este ámbito. El impacto para España puede ser “terrible”. Y no sólo a nivel económico. “El fondo de la cuestión es ser competitivos o dejar de serlo”.
Además, la estrategia de la UE contra el cambio climático ha provocado la “paralización de importantes inversiones de multinacionales en Europa", tal y como vienen advirtiendo diversas patronales comunitarias. En ese sentido, la estrategia post-Kioto se adoptará definitivamente en 2010 en una nueva conferencia mundial.
Cambio de rumbo de la UE
La incertidumbre sobre el resultado de este futuro acuerdo internacional está teniendo “graves efectos sobre la inversión de las empresas y, por tanto, sobre el empleo, la competitividad y la economía europea en general”, indica Zaragoza. “No nos podemos permitir el lujo de seguir con esta enorme incertidumbre”.
La CE tiene que ser “sensible”. “Se ha planteado unos objetivos muy ambiciosos que, en esencia, obligarán a que los ciudadanos cambien su actual estilo de vida”. De hecho, en las últimas fechas se observa un cambio de rumbo en los planteamientos iniciales sobre cambio climático acordados por la UE el pasado enero.
Tal y como ha reclamado a Bruselas el propio ministro de Industria, Joan Clos, la solución radica en que la industria contaminante aplique “la mejor técnica de producción posible sin tener que pagar ningún CO2 adicional”, aclara Zaragoza. Pagar por todas las emisiones de carbono supone, simplemente, “un impuesto que nos saca del mercado, nos resta competitividad y nos conduce sin remedio a la desaparición”, concluye.