Los diputados de CiU, PNV, ERC, IU, ICV y BNG quieren esa tramitación para intentar eliminar lo que consideras una invasión en las competencias autonómicas en materia de cajas.
El PP, por su parte, se reserva el sentido de su voto sobre la convalidación pero resulta extraño pensar que vaya a ayudar al Gobierno del PSOE para evitar la tramitación parlamentaria del decreto ley, entre otras cosas porque así podría introducir en la norma una reforma de la Ley de Cajas para reducir el peso político en las mismas.
Fuentes parlamentarias explicaron que la redacción final del decreto ley aprobado el pasado 26 de junio por el Consejo de Ministros ha sorprendido a las formaciones nacionalistas de la Cámara Baja, ya que deja la decisión final sobre fusiones de cajas en manos de la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, y del Banco de España.
Por su parte, el Grupo Socialista da por sentado que la disciplina de voto se cumplirá mañana en sus filas, pese a la advertencia de Cataluña, Andalucía y Extremadura, comunidades gobernadas por el PSOE, de que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional si consideran que invade las competencias, un extremo que sus servicios jurídicos ya están investigando.
A pesar de todo, el decreto será convalidado previsiblemente mañana con los votos del PSOE y algún partido minoritario (CC o UPN), mientras que el PP podría conformarse con dar su consentimiento, sea con el voto a favor o la abstención, pues los 'populares' ya jugaron un papel decisivo en la inclusión en el texto de aspectos como la sanción de los gestores de las entidades que sean ayudadas con dinero público o el papel de la Comisión Nacional de Competencia (CNC).
En cualquier caso, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ya ha reiterado que su posición será "lo más constructiva posible", pese a que considera que el Gobierno "no ha querido o no ha podido dar garantías" para que el proceso esté libre de injerencia política.
Por su parte, CiU, ante el frente abierto en Cataluña, quiere eludir hasta última hora precisar el sentido de su voto, pese a que su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran i Lleida, fue otro de los principales interlocutores del Gobierno. "El hecho de haber sido informados no implica que estemos necesariamente de acuerdo con todo su contenido", señaló la pasada semana Duran en una carta abierta a su formación.
Solventada la convalidación, el PSOE tiene dificultades para frenar la tramitación del decreto ley como proyecto de ley, una situación que, si bien no altera la entrada en vigor de la norma (rige desde su publicación en el BOE), sí podría derivar cambios en el articulado no controlados por el Grupo Socialista que luego podrían ser aprovechados por las entidades financieras en situación de crisis.