L D (EFE) Un informe hecho público este viernes da la razón a la Comisión Europea y a otros siete países, que denunciaron la ilegalidad de los aranceles que aplica Washington, de hasta un 30 por ciento, a las importaciones de acero con el objetivo de proteger su industria local. Ahora, y si Estados Unidos no recurre este dictamen, las recomendaciones del grupo de expertos (panel) deberán ser adoptadas oficialmente por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, lo que los demandantes quieren que se haga "lo antes posible", según explicó un portavoz de la Comisión Europea. En caso de que Estados Unidos presente un recurso, la resolución de este conflicto podría retrasarse hasta finales de año.
Una vez que se produzca la ratificación del OSD, Estados Unidos dispondrá de cinco días para suspender la aplicación de los aranceles y, de no hacerlo en ese plazo, la Comisión Europea comenzará a aplicar una serie de contramedidas de salvaguarda, que alcanzarían un valor de 2.300 millones de euros, precisó la portavoz de Comercio de la UE, Arancha González. El Ejecutivo comunitario aprobó en julio del pasado año medidas definitivas de salvaguarda para siete categorías de productos de acero para proteger su mercado de una posible avalancha de este metal procedente de terceros países, provocada por las medidas proteccionistas de Washington.
La Comisión Europea, junto con Japón, Corea, China, Suiza, Noruega, Nueva Zelanda y Brasil, habían denunciado el sistema que Estados Unidos aplica desde marzo de 2002. La OMC considera que "ninguna de las medidas americanas ha sido adoptada después de que se produjeran acontecimientos imprevistos", como exigen las reglas de la organización. Además constata que no han aumentado las importaciones "en la mayoría de los productos" a los que se les imponen esos aranceles y agrega que Estados Unidos han excluido de sus medidas a las importaciones procedentes de Canadá, México, Israel y Jordania, lo que está "en contradicción con las reglas de la OMC". Igualmente agrega que "para todos los casos excepto uno, Estados Unidos no ha establecido correctamente la relación de causalidad necesaria de los pretendidos graves perjuicios sufridos por la industria siderúrgica americana" El Ejecutivo comunitario considera esta decisión como "una victoria total", ya que confirma sus principales argumentos e insta a las autoridades norteamericanas a poner fin a esas medidas, incompatibles con las reglas de la OMC, "en el plazo más breve".
Si los Estados Unidos recurren esta decisión, los demandantes continuarán colaborando para llevar el asunto ante el tribunal de Apelación de la OMC para que confirme que las medidas americanas violan las reglas de la organización, señala un comunicado del Ejecutivo comunitario. Estados Unidos decidió el 5 de marzo de 2002 imponer unas medidas de salvaguarda, que supone la aplicación de entre un 17,5 y un 26 por ciento de aranceles, sistema que se activa si los niveles de importación de acero superan una cuota máxima fijada por la Comisión considerando los niveles de importación de los últimos tres años, cifra a la que se ha añadido un 10 por ciento. Los Quince importan cada año unos 27 millones de toneladas de acero de terceros países y la Comisión calcula que los aranceles estadounidenses podrían aumentar en un 56 por ciento esas importaciones, tomando como referencia 1999, de no existir las salvaguardas.
Una vez que se produzca la ratificación del OSD, Estados Unidos dispondrá de cinco días para suspender la aplicación de los aranceles y, de no hacerlo en ese plazo, la Comisión Europea comenzará a aplicar una serie de contramedidas de salvaguarda, que alcanzarían un valor de 2.300 millones de euros, precisó la portavoz de Comercio de la UE, Arancha González. El Ejecutivo comunitario aprobó en julio del pasado año medidas definitivas de salvaguarda para siete categorías de productos de acero para proteger su mercado de una posible avalancha de este metal procedente de terceros países, provocada por las medidas proteccionistas de Washington.
La Comisión Europea, junto con Japón, Corea, China, Suiza, Noruega, Nueva Zelanda y Brasil, habían denunciado el sistema que Estados Unidos aplica desde marzo de 2002. La OMC considera que "ninguna de las medidas americanas ha sido adoptada después de que se produjeran acontecimientos imprevistos", como exigen las reglas de la organización. Además constata que no han aumentado las importaciones "en la mayoría de los productos" a los que se les imponen esos aranceles y agrega que Estados Unidos han excluido de sus medidas a las importaciones procedentes de Canadá, México, Israel y Jordania, lo que está "en contradicción con las reglas de la OMC". Igualmente agrega que "para todos los casos excepto uno, Estados Unidos no ha establecido correctamente la relación de causalidad necesaria de los pretendidos graves perjuicios sufridos por la industria siderúrgica americana" El Ejecutivo comunitario considera esta decisión como "una victoria total", ya que confirma sus principales argumentos e insta a las autoridades norteamericanas a poner fin a esas medidas, incompatibles con las reglas de la OMC, "en el plazo más breve".
Si los Estados Unidos recurren esta decisión, los demandantes continuarán colaborando para llevar el asunto ante el tribunal de Apelación de la OMC para que confirme que las medidas americanas violan las reglas de la organización, señala un comunicado del Ejecutivo comunitario. Estados Unidos decidió el 5 de marzo de 2002 imponer unas medidas de salvaguarda, que supone la aplicación de entre un 17,5 y un 26 por ciento de aranceles, sistema que se activa si los niveles de importación de acero superan una cuota máxima fijada por la Comisión considerando los niveles de importación de los últimos tres años, cifra a la que se ha añadido un 10 por ciento. Los Quince importan cada año unos 27 millones de toneladas de acero de terceros países y la Comisión calcula que los aranceles estadounidenses podrían aumentar en un 56 por ciento esas importaciones, tomando como referencia 1999, de no existir las salvaguardas.