L D (EFE) Ese crecimiento inferior a lo esperado por el Ejecutivo para 2005 no debe poner en peligro el objetivo de equilibrar el presupuesto público, indica la organización, que puntualiza que más allá del corto plazo, mantener esa evolución exige reformas estructurales para atajar el diferencial de inflación con la zona euro. Reducir ese diferencial –de 8 puntos porcentuales desde 1997–, "debe ser prioritario" y pasa por cambios en el sistema de negociación salarial, en particular las cláusulas de actualización salarial, y por "enfriar el mercado inmobiliario".
Los autores del informe recuerdan que "el precio de la vivienda se ha doblado prácticamente en términos reales desde 1998, lo que aumenta el riesgo de una caída de los mismos a medio plazo, mientras que el rápido incremento asociado al endeudamiento de las familias también acentúa la vulnerabilidad de la demanda interna frente a unos niveles más altos de tipos de interés". A su juicio, para enfriar el mercado inmobiliario se requieren reformas que vayan "más allá de las ya adoptadas": la supresión de las trabas que limitan la oferta de suelo edificable, la desaparición progresiva de los incentivos fiscales a la compra de la vivienda o favorecer el mercado del alquiler.
Los autores del informe recuerdan que "el precio de la vivienda se ha doblado prácticamente en términos reales desde 1998, lo que aumenta el riesgo de una caída de los mismos a medio plazo, mientras que el rápido incremento asociado al endeudamiento de las familias también acentúa la vulnerabilidad de la demanda interna frente a unos niveles más altos de tipos de interés". A su juicio, para enfriar el mercado inmobiliario se requieren reformas que vayan "más allá de las ya adoptadas": la supresión de las trabas que limitan la oferta de suelo edificable, la desaparición progresiva de los incentivos fiscales a la compra de la vivienda o favorecer el mercado del alquiler.
La OCDE culpa de los problemas de inflación a que las reformas de productos y servicios han sido "tímidas" desde finales de los años 90, y carga contra las modificaciones recientes en la ley de horarios comerciales que "han constituido un paso en la dirección equivocada". En este sentido, el informe afirma que "sería necesario desmantelar las numerosas barreras al establecimiento de nuevos hipermercados y centros comerciales erigidas por los gobiernos autonómicos".
El texto afirma que el aumento de la productividad del trabajo se ha visto lastrada en los últimos años por la incorporación de muchos trabajadores poco cualificados, pero también han pesado otros factores sobre los que hay que actuar, como las deficiencias del sistema educativo y el bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo (I+D). La OCDE recuerda también "la deficiente calidad de la escolaridad" española revelada por el programa PISA, y se pronuncia por dar una "mayor autonomía a las escuelas" para que experimenten, aumentar los incentivos a los docentes, impulsar la formación profesional para mejorar su prestigio o dar incentivos fiscales para la educación de los niños más pequeños, que podría favorecer la fecundidad y una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
Además, apuesta por un "incremento sustancial" de las tasas universitarias combinado con ayudas -vinculadas a los resultados- para los estudiantes con menos recursos, y mecanismos de financiación de los centros en función del rendimiento. En la I+D, tras lamentar la "escasa" inversión en tecnologías de información y comunicación, se decanta por favorecer el gasto privado con un marco que incentive la formación de grupos de empresas tecnológicas, programas públicos para proyectos de capital riesgo o un mayor reconocimiento y remuneración de jóvenes investigadores.
El texto afirma que el aumento de la productividad del trabajo se ha visto lastrada en los últimos años por la incorporación de muchos trabajadores poco cualificados, pero también han pesado otros factores sobre los que hay que actuar, como las deficiencias del sistema educativo y el bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo (I+D). La OCDE recuerda también "la deficiente calidad de la escolaridad" española revelada por el programa PISA, y se pronuncia por dar una "mayor autonomía a las escuelas" para que experimenten, aumentar los incentivos a los docentes, impulsar la formación profesional para mejorar su prestigio o dar incentivos fiscales para la educación de los niños más pequeños, que podría favorecer la fecundidad y una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
Además, apuesta por un "incremento sustancial" de las tasas universitarias combinado con ayudas -vinculadas a los resultados- para los estudiantes con menos recursos, y mecanismos de financiación de los centros en función del rendimiento. En la I+D, tras lamentar la "escasa" inversión en tecnologías de información y comunicación, se decanta por favorecer el gasto privado con un marco que incentive la formación de grupos de empresas tecnológicas, programas públicos para proyectos de capital riesgo o un mayor reconocimiento y remuneración de jóvenes investigadores.
En el ámbito laboral, considera "crucial reducir la segmentación del mercado de trabajo" que "limita las ganancias de productividad" y pide disminuir la protección del empleo para las personas con contrato indefinido y aplicar la legislación sobre la renovación de contratos temporales que "se infringe en la práctica". Además, la OCDE reitera que la viabilidad del sistema de pensiones "está amenazada" a largo plazo y por eso urge a "reducir más rápidamente la deuda pública antes de que se materialice el impacto del envejecimiento", porque en caso contrario el gasto en términos del PIB podría aumentar en ocho puntos porcentuales hacia 2050.