La ley de Feijóo para fusionar las cajas gallegas queda suspendida

En una providencia notificada este jueves, el Constitucional anuncia que tramitará la impugnación de los servicios jurídicos del Estado contra los apartados tres, cinco, siete, diez, once, trece y quince del artículo 2; contra los apartados cuatro y cinco del artículo 3 y contra la disposición transitoria primera de la citada ley, aprobada por el Parlamento de Galicia a finales de 2009.

Además, la providencia recuerda que, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución Española, la impugnación de una norma autonómica por parte del Gobierno supone la suspensión automática de ésta, cuando el TC admite a trámite el recurso.

Dicha suspensión afecta sólo a los artículos recurridos y el Constitucional deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. La admisión del recurso llega justo un día después de que el Gobierno y la Xunta de Galicia, tras tres encuentros para intentar llegar a un acuerdo sobre la norma autonómica, hayan decidido reunirse el próximo martes para seguir discutiendo la constitucionalidad de la ley.

Según explicó recientemente la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el Ejecutivo cree que la norma gallega va "más allá" de las competencias de esa Comunidad Autónoma a la hora de determinar la solvencia y la naturaleza de las entidades de crédito regionales (en alusión a Caixa Galicia y Caixanova).

Además, el Gobierno cree que "la ley no se ajusta" a la legislación básica estatal de cajas de ahorros -la LORCA, sobre la que deben regirse las normas regionales- en cuanto a la regulación de los órganos de representación en esas entidades.

Sin embargo, desde la Xunta de Galicia han defendido desde un primer momento la constitucionalidad de la norma y sostienen que los artículos cuestionados se podrían matizar o "acompasar" a los de otras legislaciones autonómicas con el fin de resolver las dudas que sobre ellos existen.

Por ello, en los dos últimos días, los consejeros gallegos de Presidencia, Alfonso Rueda, y de Hacienda, Marta Fernández Currás, han mantenido las citadas reuniones con representantes del Gobierno para solventar las "diferencias de interpretación".

Unas diferencias que el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, consideró ayer que se disiparán en cuanto se cambie la redacción de los artículos, en lo que seguirán trabajando estos días, aunque sea de forma telefónica, para conseguir cerrar un acuerdo.

En cuanto la norma se adapte a la Constitución, y el Parlamento gallego apruebe las modificaciones, inmediatamente el Gobierno retirará el recurso, prometió ayer el secretario de Estado.

En Galicia, los principales partidos interpretan que con la presentación del recurso, el Gobierno buscaba impedir la creación de una gran caja gallega fruto de la fusión entre las dos existentes, pero Zarrías ha pedido que no se tiña de tintes políticos la decisión.

A las discrepancias sobre la constitucionalidad de la ley de cajas gallega, se une el hecho de que desde hace meses la Xunta cuestiona el Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB), aprobado por el Gobierno desde el verano pasado para reforzar la solvencia de las entidades financieras y propiciar las fusiones.

En concreto, la Xunta esgrime que el FROB, en su artículo 8, concede al Banco de España la decisión de autorizar fusiones entre entidades, algo que choca con el Estatuto de Autonomía de Galicia, que le da a su consejería de Hacienda competencias "exclusivas" en materia de cajas, según explicaron a Efe fuentes del Ejecutivo regional.