LD (EFE) La segunda sala civil de la Corte Superior de Santa Cruz declaró "improcedente" el recurso porque no están detenidos ni el presidente de Andina, filial boliviana de Repsol YPF, el español Julio Gavito, ni su director de operaciones, el argentino Pedro Sánchez, acusados de contrabando de petróleo.
Los jueces Edgar Terrazas, Oswaldo Céspedes y Ramiro Claros rechazaron, por unanimidad, los argumentos de Andina e indicaron que los abogados defensores debieron presentar un amparo constitucional, o uno de nulidad contra el juez y los fiscales del caso, en vez del recurso de "habeas corpus".
Entre tanto, la fiscalía citó a declarar para este martes al gerente de relaciones externas de Andina, Miguel Cirbián, y a la directora jurídica, Selenita Céspedes, y tienen previstas más citaciones, informaron a EFE fuentes de la empresa.
La filial de Repsol YPF había presentado el recurso el viernes pasado, después de que el jueves los tres fiscales del caso y una veintena de policías anti-disturbios irrumpieran en la sede de la petrolera en Santa Cruz para detener a Gavito y Sánchez, a quienes no encontraron.
Andina es investigada por una demanda interpuesta en febrero por la Aduana Nacional de Bolivia, que la acusó de venta irregular de crudo por 9,2 millones de dólares (7,7 millones de euros), entre junio de 2004 y julio de 2005.
A la sesión de este lunes en la Corte Superior de Santa Cruz, que duró cerca de dos horas, asistieron los tres fiscales, Ángel Álvarez, Abel Cornejo y José Centenaro. El tribunal recalcó que un recurso de "habeas corpus" procede cuando una decisión judicial afecta a la libertad de procesados, mientras que Gavito y Sánchez están libres. Repsol YPF aseguró, en un comunicado difundido el fin de semana, que ambos ejecutivos están en Santa Cruz, esperando que su situación se aclare, pero que desconoce su paradero exacto. Un abogado de la petrolera, Abel Montaño, anunció que va a presentar los amparos que sugirió el tribunal.
Los jueces Edgar Terrazas, Oswaldo Céspedes y Ramiro Claros rechazaron, por unanimidad, los argumentos de Andina e indicaron que los abogados defensores debieron presentar un amparo constitucional, o uno de nulidad contra el juez y los fiscales del caso, en vez del recurso de "habeas corpus".
Entre tanto, la fiscalía citó a declarar para este martes al gerente de relaciones externas de Andina, Miguel Cirbián, y a la directora jurídica, Selenita Céspedes, y tienen previstas más citaciones, informaron a EFE fuentes de la empresa.
La filial de Repsol YPF había presentado el recurso el viernes pasado, después de que el jueves los tres fiscales del caso y una veintena de policías anti-disturbios irrumpieran en la sede de la petrolera en Santa Cruz para detener a Gavito y Sánchez, a quienes no encontraron.
Andina es investigada por una demanda interpuesta en febrero por la Aduana Nacional de Bolivia, que la acusó de venta irregular de crudo por 9,2 millones de dólares (7,7 millones de euros), entre junio de 2004 y julio de 2005.
A la sesión de este lunes en la Corte Superior de Santa Cruz, que duró cerca de dos horas, asistieron los tres fiscales, Ángel Álvarez, Abel Cornejo y José Centenaro. El tribunal recalcó que un recurso de "habeas corpus" procede cuando una decisión judicial afecta a la libertad de procesados, mientras que Gavito y Sánchez están libres. Repsol YPF aseguró, en un comunicado difundido el fin de semana, que ambos ejecutivos están en Santa Cruz, esperando que su situación se aclare, pero que desconoce su paradero exacto. Un abogado de la petrolera, Abel Montaño, anunció que va a presentar los amparos que sugirió el tribunal.
Repsol considera "desmedida" la acción de la Justicia boliviana
Horas antes del rechazo del recurso, Repsol YPF reiteró, en otro comunicado, la inocencia de sus ejecutivos, calificó de "desmedida" la acción de la Justicia boliviana y denunció "una violación de normas elementales del debido proceso y de las garantías de defensa". Según la nota, "no se ha configurado el delito de contrabando pues no se ha omitido el pago de tributo alguno; es decir, no hay daño económico al Estado", como lo demuestra el hecho de que "la Aduana ha reconocido en su denuncia y posterior querella que no se adeudan tributos de ninguna índole". "Todos los volúmenes exportados han sido autorizados por el órgano administrativo competente", el Ministerio de Hidrocarburos boliviano, agrega.
Repsol YPF considera "absolutamente injustificable que se haya dado curso a una causa penal, cuando la propia denuncia y querella se refieren a una hipotética contravención que debe ser discutida en sede administrativa". Respecto a la otra imputación contra Gavito y Sánchez, por una presunta falsificación de documento aduanero, aclara que no ha existido "inserción falsa de información en los formularios" presentados por la firma.
Pese a la controvertida situación, que ha tensado las relaciones diplomáticas entre Bolivia y España, la compañía "mantiene la voluntad de seguir trabajando en el país en beneficio de la sociedad boliviana" y de sus propios intereses, según el comunicado.
Repsol YPF considera "absolutamente injustificable que se haya dado curso a una causa penal, cuando la propia denuncia y querella se refieren a una hipotética contravención que debe ser discutida en sede administrativa". Respecto a la otra imputación contra Gavito y Sánchez, por una presunta falsificación de documento aduanero, aclara que no ha existido "inserción falsa de información en los formularios" presentados por la firma.
Pese a la controvertida situación, que ha tensado las relaciones diplomáticas entre Bolivia y España, la compañía "mantiene la voluntad de seguir trabajando en el país en beneficio de la sociedad boliviana" y de sus propios intereses, según el comunicado.