La fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa tiene visto bueno sindical

documento, que ha sido suscrito por todos los sindicatos, contempla la voluntariedad de todas las bajas, la homologación de las condiciones laborales de los empleados de las tres cajas y el mantenimiento de la ocupación, según han informado ambas partes.

La integración de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa obligará a reducir la plantilla en 1.300 personas, lo que se llevará a cabo sin medidas traumáticas, bien a través de jubilaciones anticipadas, bajas incentivadas, suspensiones de contratos o reducciones de jornadas.

El personal de entre 56 y 64 años afectado por prejubilaciones recibirá entre el 85 y el 95% de su salario neto.

El acuerdo establece, asimismo, la homologación salarial de las tres plantillas y prevé, en el plazo de un año, la negociación de un plan de integración de los fondos de pensiones, de un plan de igualdad y de un plan de carrera y promoción profesional por departamentos centrales y funciones comerciales especializadas, según CCOO.

Las cajas ofrecerán también ayudas compensatorias, por movilidad geográfica, a aquellos empleados que resulten afectados por el cierre de las 395 oficinas y deban desplazarse para ir a trabajar.

"Este pacto regula estas compensaciones e incluso establece ayudas para la financiación de la nueva vivienda", explica el sindicato independiente CSICA-Caixa Catalunya.

En un comunicado conjunto, las cajas subrayan que el acuerdo laboral "ha sido refrendado por el cien por cien de la representación legal de los trabajadores de las tres entidades", lo que "supone un paso decisivo en el proceso de integración para la creación de la nueva caja".

La reestructuración acordada, añaden, les permitirá iniciar una nueva entidad "con una sólida y optimizada red comercial, así como con unos eficientes servicios centrales, bases de la competitividad, viabilidad y solvencia de la nueva caja".

Estas tres cajas catalanas tienen previsto pedir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) más de 1.300 millones de euros, que esperan devolver en un plazo de cinco años