El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido ampliar la investigación con la redacción de un decreto motivado enviado a los fiscales encargados del caso, Juan Pavía y Alejandro Luzón, tal y como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, informa Europa Press.
La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace un año el destino del dinero aportado por los inversores al holding de la familia Ruiz-Mateos para determinar si existieron presuntos delitos de insolvencia punible o alzamiento de bienes.
Fuentes de la investigación explicaron que, por el momento, se han localizado cerca de 900 inversores particulares frente a los 5.000 que los propietarios de Nueva Rumasa aseguran tener. Este listado incluye a los depósitos entregados al 'holding' empresarial en las cuatro emisiones de pagarés y ampliaciones de capital realizadas desde febrero de 2009 hasta finales de 2010. Las inversiones van desde un mínimo de 50.000 euros hasta un máximo de tres millones de euros, a través de las sociedades Carcesa, Hibramer, Maspalomas Hoteles y José María Ruiz-Mateos y dos de participaciones sociales correspondientes a Dhul y Clesa.
Por el momento, la Fiscalía descarta la presentación inminente de una demanda por estos hechos y seguirá investigando. Por otra parte, ayer se hizo público que el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha abierto diligencias previas contra Álvaro Ruiz-Mateos, uno de los hijos del fundador de Nueva Rumasa, y contra Antonio Álvarez-Montalvo, directivo de Clesa, por presuntos delitos contra la Seguridad Social e insolvencia punible.