LD (EFE) La medida, ejecutada por tres fiscales y una veintena de policías, se produjo horas después de que la firma hispano-argentina anunciara en un comunicado que el juez Zenón Rodríguez, del Tribunal Décimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, había suspendido la investigación.
Las fuentes indicaron que el mismo magistrado cambió de parecer durante la mañana y, al no presentarse a declarar el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, los ejecutivos citados para este jueves, dictó una orden de allanamiento de morada para detenerlos y trasladarlos a dependencias judiciales.
Las fuentes indicaron que el mismo magistrado cambió de parecer durante la mañana y, al no presentarse a declarar el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, los ejecutivos citados para este jueves, dictó una orden de allanamiento de morada para detenerlos y trasladarlos a dependencias judiciales.
Repsol YPF ha manifestado a las autoridades bolivianas su deseo de que estos hechos se aclaren cuanto antes y su voluntad de seguir trabajando en el país, "en beneficio de los intereses de la compañía y de la sociedad boliviana", según una nota difundida por la compañía. Entretanto, la petrolera reitera la inocencia de sus representantes y, "en consonancia con el clima de diálogo sincero y constructivo" que rodeó la reciente reunión entre su presidente, Antonio Brufau, y el jefe del Estado boliviano, Evo Morales, subraya su deseo de poder desarrollar sus actividades en un clima de normalidad.
Denuncia de la Aduana Nacional de Bolivia
La Aduana Nacional de Bolivia anunció el mes pasado una demanda contra la petrolera hispano-argentina por un presunto delito de contrabando de 230.399 barriles de crudo valorados en más de nueve millones de dólares (7,54 millones de euros). Así lo explicó el presidente de la Aduana, Ricardo Alba, quien presentó el resumen de una investigación realizada en los últimos cinco meses sobre las exportaciones de Repsol YPF entre junio de 2004 y julio de 2005. Alba señaló también que la investigación duraría 6 meses y que el Código Tributario boliviano establece que la multa económica debe equivaler al cien por cien del valor de las mercancías objeto de contrabando.
Posteriormente, la denuncia pasó a manos de la Fiscalía de la ciudad oriental de Santa Cruz, que inició la investigación. Una semana después, en pleno proceso, el Ministerio Público dictó una orden de captura contra el presidente de la empresa, el español Julio Gavito, y el gerente de operaciones, el argentino Pedro Sánchez, por no presentarse a declarar. A raíz de la orden de detención contra Gavito y Sánchez, el embajador de España en La Paz, Francisco Montalbán, se entrevistó con el presidente boliviano, Evo Morales, para expresarle la preocupación del Gobierno de Madrid.
La primera orden de captura fue levantada pocos días después y aplazada la citación para este jueves. A través de un comunicado, Andina anunció que sus directivos iban a presentar este jueves "sus descargos ante las instancias que corresponda". Sin embargo, al final de la jornada envió otra nota de prensa en la que anunciaba que el juez Rodríguez había suspendido la investigación por "incompetencia en razón de materia", en respuesta a un recurso de la empresa. Andina fundamentó su recurso en que la denuncia de la aduana "no reviste tipicidad ni materia justiciable en lo penal, siendo su naturaleza de carácter administrativo", indica la nota.
La primera orden de captura fue levantada pocos días después y aplazada la citación para este jueves. A través de un comunicado, Andina anunció que sus directivos iban a presentar este jueves "sus descargos ante las instancias que corresponda". Sin embargo, al final de la jornada envió otra nota de prensa en la que anunciaba que el juez Rodríguez había suspendido la investigación por "incompetencia en razón de materia", en respuesta a un recurso de la empresa. Andina fundamentó su recurso en que la denuncia de la aduana "no reviste tipicidad ni materia justiciable en lo penal, siendo su naturaleza de carácter administrativo", indica la nota.
El viernes pasado, el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, visitó a Evo Morales en el Palacio de Gobierno de La Paz y le anunció su interés en mantener las inversiones en Bolivia y estudiar la asociación con el Estado boliviano en nuevos proyectos. En aquel momento se daba por zanjada temporalmente la tensión originada por el proceso judicial.
La empresa Andina está participada en un 50 por ciento por Repsol YPF y en un porcentaje similar por el Estado boliviano, representado por las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que existen en el país.
El pasado 13 de febrero, el presidente de Repsol YPF en Bolivia, Julio Gavito, señaló que la petrolera cumplió con todos los requisitos legales en su actuación ante las versiones que insinuaban que había cometido contrabando. "Tenemos la conciencia absolutamente tranquila, creemos que hemos hecho todo correctamente", dijo entonces Gavito al asegurar que "no hubo dolo, no hubo daño, ni hubo engaño a nadie, ni nadie se benefició de eso".