LD (EFE) Según fuentes jurídicas, el motivo del retraso es la enfermedad del abogado Francisco Franco Otegui, que constituye una de las dos acusaciones particulares personadas en el proceso junto a Rafael Pérez Escolar, ex vicepresidente de Banesto en la época de Mario Conde.
La Audiencia Nacional deberá pronunciarse primero sobre el recurso de súplica presentado por Pérez Escolar, en el que se queja de la sustitución de la juez Ángela Murillo por Javier Gómez-Bermúdez, en la presidencia del tribunal que juzgará a los tres ejecutivos. El ex consejero de Banesto ha anunciado su intención de recusar a Javier Gómez Bermúdez, quien se encargó de ejecutar la sentencia del caso Banesto, por el que se condenó a Mario Conde, al financiero Jacques Hachuel, al ex vicepresidente, Arturo Romaní, y al propio Pérez Escolar, entre otros.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgará, ahora a partir del próximo 24 de enero –en vez del 10 de enero acordado anteriormente–, a Botín, Amusátegui y Corcóstegui, estará compuesta por Gómez Bermúdez –como presidente–, Luis Antonio Martínez de Salinas –como ponente– y la juez Raimunda de Peñafort Lorente Martínez.
La Audiencia Nacional deberá pronunciarse primero sobre el recurso de súplica presentado por Pérez Escolar, en el que se queja de la sustitución de la juez Ángela Murillo por Javier Gómez-Bermúdez, en la presidencia del tribunal que juzgará a los tres ejecutivos. El ex consejero de Banesto ha anunciado su intención de recusar a Javier Gómez Bermúdez, quien se encargó de ejecutar la sentencia del caso Banesto, por el que se condenó a Mario Conde, al financiero Jacques Hachuel, al ex vicepresidente, Arturo Romaní, y al propio Pérez Escolar, entre otros.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgará, ahora a partir del próximo 24 de enero –en vez del 10 de enero acordado anteriormente–, a Botín, Amusátegui y Corcóstegui, estará compuesta por Gómez Bermúdez –como presidente–, Luis Antonio Martínez de Salinas –como ponente– y la juez Raimunda de Peñafort Lorente Martínez.
Los orígenes del "caso de las jubilaciones"
El caso de las jubilaciones comenzó cuando se conoció que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, al abandonar la entidad a mediados del 2001 el primero y a principios de 2002, el segundo. Los accionistas del banco Rafael Pérez Escolar, ex vicepresidente de Banesto en la época de Mario Conde, y Francisco Franco Otegui presentaron una querella contra Corcóstegui, Amusátegui y Botín, por considerar que recibieron las mencionadas indemnizaciones al dejar la entidad "para dejar el campo libre a Botín".
El Ministerio Fiscal pidió el sobreseimiento del caso en cuatro ocasiones al no apreciar delitos. Sin embargo, la juez Teresa Palacios dictó apertura de juicio oral al considerar que los acusados cometieron un delito de administración desleal y que las mencionadas retribuciones fueron "indebidas" y supusieron "un perjuicio económico a los accionistas". El banco, que ha recurrido al Constitucional, ha reiterado que los contratos "se ajustaron estrictamente a la ley" y fueron aprobados por el Consejo de Administración.
Botín, Amusátegui y Corcóstegui se enfrentan en este proceso a penas que pueden alcanzar los seis años de prisión (en el caso del actual presidente del banco podrían ser dos las penas), así como a multas y a la posibilidad de inhabilitación para administrar sociedades.