"Se trata de un nuevo conflicto por invasión de competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid en materia de vivienda", explicó González, que recordó que el Gobierno autonómico ya avisó de que requeriría al Estado modificar el Decreto "al entender que invadía competencias", algo que rechazó el Consejo de Gobierno el pasado 3 de julio.
"En consecuencia, formalizamos, a través de este recurso, un conflicto positivo de competencias", dijo el 'número dos' de Aguirre, que apuntó que con este Decreto, el Gobierno central "pretende condicionar la política de vivienda de la Comunidad, que es competencia exclusiva de las CCAA, y trata de imponer obligaciones de gestión, en una materia que es competencia exclusiva, y establecer determinadas cargas y requerimientos para la obtención de prestaciones en materia de vivienda que no se pueden regular por parte del Estado".
"Las razones son las mismas que ya anunciamos: el pago de las ayudas en materia de vivienda le corresponde a la Comunidad de Madrid, el Gobierno pretende obligar a las comunidades a crear oficinas específicas para este objetivo, cuando nosotros ya tenemos oficinas de vivienda y es a través de ellas que deberían tramitarse", planteó.
Además, señaló que el Estado se entromete en las competencias autonómicas al firmar convenios de colaboración con entidades de crédito, estableciendo requisitos adicionales que son propios de la política de vivienda.