LD (Europa Press) Bruselas ha mantenido un duro enfrentamiento con el Gobierno español durante los últimos meses por las condiciones impuestas a la OPA de E.On, que el Ejecutivo comunitario considera ilegales por vulnerar la libre circulación de capitales y de mercancías y el derecho de establecimiento.
La batalla culminó el pasado 28 de marzo, cuando la Comisión llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) ante la negativa de España a retirar los requisitos, tanto los impuestos inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en julio de 2006 como los que añadió el ministerio de Industria en noviembre al responder a los recursos contra la decisión del regulador energético.
El Gobierno ha defendido desde el principio que los requisitos sí son compatibles con la legislación comunitaria y los considera imprescindibles para garantizar la seguridad de suministro energético.