LD (Europa Press) Al haber pasado tres semanas sin que el Gobierno actúe, Bruselas enviará este miércoles a España una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción, para exigirle de nuevo que retire los requisitos impuestos por la CNE. Si el Gobierno no lo hace, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE. El 26 de septiembre, la Comisión declaró ilegales 18 de las 19 condiciones impuestas por la CNE en una decisión jurídicamente vinculante que puede ser invocada por E.On ante los tribunales españoles, por ejemplo para pedir indemnizaciones.
Los argumentos utilizados por Bruselas fueron que la CNE adoptó su decisión sin comunicación previa al Ejecutivo comunitario ni aprobación por parte de éste, e impuso requisitos "contrarios a las normas del Tratado sobre derecho de establecimiento y libre circulación de capitales". La Comisión había aprobado sin condiciones el 25 de abril la OPA de E.On sobre Endesa al considerar que no obstaculiza de forma significativa la competencia efectiva. La actuación de la CNE vulnera el artículo 21 del reglamento de fusiones, que da competencia exclusiva a Bruselas sobre las concentraciones de dimensión comunitaria.
Bruselas también lanzó el 26 de septiembre un ultimátum de dos meses para que se modifique el decreto de febrero de 2006 que amplía los poderes de la CNE y que la facultó para analizar la OPA de E.On. En caso contrario, la Comisión presentará una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Gobierno dice que tiene tiempo
El Ejecutivo español subrayó este martes que todavía está "dentro del periodo reglamentario y legal" para resolver los cinco recursos presentados contra el dictamen de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que supedita la autorización de la OPA de E.ON sobre Endesa al cumplimiento de diecinueve condiciones, señalaron en fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio consultadas por Europa Press.
El Gobierno responde de esta manera a la Comisión Europea, que ha anunciado que abrirá hoy un expediente a España por no haber retirado las condiciones impuestas por la CNE al grupo alemán para hacerse con el control de Endesa, a pesar de que el Ejecutivo comunitario las consideró ilegales el pasado 26 de septiembre y pidió al Gobierno que las anulara de inmediato.
Las mismas fuentes apuntaron que todavía está hábil el periodo reglamentario para presentar la respuesta a los recursos según el derecho administrativo, ya que el Ministerio cuenta con un plazo de tres meses a contar desde la fecha en que se interpuso el primer recurso de alzada, que fue el remitido por el grupo alemán E.ON el pasado 10 de agosto, con lo que el plazo vence el 10 de noviembre.
Por ello, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se declara "muy sorprendido" por la "premura" con la que el Ejecutivo comunitario ha actuado en este asunto.
