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La CNE reclama funciones adicionales en materia de defensa de la competencia

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) considera positivo el anteproyecto de Ley de Defensa de la Competencia elaborado por el Gobierno, pero reclama funciones adicionales en esta materia cuando las operaciones analizadas afecten al sector energético. La CNE cree conveniente garantizar su intervención tanto en la primera fase de análisis como en la fase de decisión por parte de la Comisión Nacional de la Competencia.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) considera positivo el anteproyecto de Ley de Defensa de la Competencia elaborado por el Gobierno, pero reclama funciones adicionales en esta materia cuando las operaciones analizadas afecten al sector energético. La CNE cree conveniente garantizar su intervención tanto en la primera fase de análisis como en la fase de decisión por parte de la Comisión Nacional de la Competencia.
LD (EFE) Esta es la conclusión del informe de la CNE sobre la nueva legislación en materia de competencia que el Consejo de Ministros estudió el pasado 10 de marzo y que prevé la integración del Servicio y del Tribunal de Defensa de la Competencia en un nuevo organismo, la Comisión Nacional de Competencia (CNC).

Según el informe de la CNE, el anteproyecto "merece una valoración general positiva", ya que "introduce mejoras de orden sustantivo y procesal en el sistema español de competencia" y permitirá adaptar la normativa española a la vigente en el ámbito europeo.
 
No obstante, el organismo regulador señala que el texto diseñado por el Gobierno no recoge las consideraciones que había planteado previamente en su "Informe sobre la conveniencia de atribuir funciones adicionales a la CNE en materia de defensa de la competencia". Este informe previo defendía la atribución a la CNE de la competencia de instruir los expedientes en materia energética.

La CNE considera positivo que el anteproyecto recoja de manera expresa la obligación de solicitar informes no vinculantes a los reguladores sectoriales cuando las empresas afectadas realicen actividades en el sector de su competencia, en este caso el energético. No obstante, la CNE cree conveniente garantizar su intervención tanto en la primera fase de análisis como en la fase de decisión por parte de la CNC.
 
El informe destaca también que en el anteproyecto no queda plasmada la petición de la CNE de que se refuerce su función consultiva en materia de concentraciones cuando las autoridades de competencia emitan un informe en sentido distinto al suyo. Por último, la CNE considera positivo que el anteproyecto establezca un régimen de cooperación periódico entre los presidentes de la futura CNC y de los distintos órganos reguladores sectoriales.

El pasado 1 de marzo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio pidió a la CNE un informe sobre el anteproyecto de Ley de Defensa de la Competencia, que fue aprobado por el Consejo de Administración del organismo regulador el 9 de marzo. En la actualidad, la CNE analiza las operaciones de concentración en el sector energético de acuerdo con las llamadas funciones 14 y 15.
 
La primera, la función 14, permite a la CNE evaluar el impacto de las operaciones en las actividades reguladas del sector energético (transporte y distribución de gas y electricidad) y, tras la reciente ampliación de sus funciones, su efecto en el interés general. En este caso, el informe es vinculante. En el ejercicio de la función 15, la CNE puede pronunciarse sobre el impacto de las operaciones de concentración en la competencia, aunque el informe no es vinculante.

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