L D (Agencias) De acuerdo con la información suministrada por la agencia de noticias Europa Press , el expediente busca detectar las posibles prácticas que obstaculicen la liberalización del mercado. Las distribuidoras del grupo Gas Natural controlan de forma mayoritaria el mercado gasista, seguidas a mucha distancia por las de Endesa Gas y las de Naturcorp.
La CNE ha decidido abrir el expediente tras la elaboración de un informe en el que una comercializadora denuncia los obstáculos que le presenta una distribuidora para poder ejercer su actividad. Siempre según Europa Press, los problemas surgen por los precios que la distribuidora de gas pretende cobrar a la comercializadora para la prestación de servicios de mantenimiento, atención permanente y resolución de urgencias; inspección periódica de las instalaciones receptoras, y realización de pruebas previas al suministro no incluidas en los derechos de alta del cliente.
Estos precios no están regulados, por lo que deben ser negociados de forma bilateral entre las empresas implicadas. La Comisión Nacional de Energía considera que este hecho puede convertirse en un obstáculo a la liberalización si el distribuidor fija unos precios que le supongan un mayor coste a la distribuidora que el correspondiente incluido en las tarifas de venta de energía final. La CNE advierte también de que esta política puede estar aplicándose para beneficiar a las comercializadoras del mismo grupo que la empresa distribuidora. Las acciones, de llegar a comprobarse, atentarían contra la liberalización del mercado e, incluso, pondrían en peligro la propia viabilidad de las comercialización.
La CNE ha decidido abrir el expediente tras la elaboración de un informe en el que una comercializadora denuncia los obstáculos que le presenta una distribuidora para poder ejercer su actividad. Siempre según Europa Press, los problemas surgen por los precios que la distribuidora de gas pretende cobrar a la comercializadora para la prestación de servicios de mantenimiento, atención permanente y resolución de urgencias; inspección periódica de las instalaciones receptoras, y realización de pruebas previas al suministro no incluidas en los derechos de alta del cliente.
Estos precios no están regulados, por lo que deben ser negociados de forma bilateral entre las empresas implicadas. La Comisión Nacional de Energía considera que este hecho puede convertirse en un obstáculo a la liberalización si el distribuidor fija unos precios que le supongan un mayor coste a la distribuidora que el correspondiente incluido en las tarifas de venta de energía final. La CNE advierte también de que esta política puede estar aplicándose para beneficiar a las comercializadoras del mismo grupo que la empresa distribuidora. Las acciones, de llegar a comprobarse, atentarían contra la liberalización del mercado e, incluso, pondrían en peligro la propia viabilidad de las comercialización.