LD (Europa Press) De esta manera, el informe que los consejeros remitirán al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reflejará tal cual el dictamen de la CNE, considerado por Bruselas como contrario al Derecho Comunitario, así como los votos particulares y el informe del ponente Jorge Fabra.
Los consejeros de la CNE, con su decisión de ratificar el acuerdo del pasado mes de julio, dejan de esta manera en manos de Industria la resolución de este asunto y hacen "oídos sordos" a la Comisión Europa, que ha considerado ilegales las condiciones impuestas por el regulador a E.On para hacerse con el control de Endesa.
Fuentes próximas al consejo explicaron a Europa Press que los consejeros proponen en su informe, requerido por Industria para resolver los recursos interpuestos contra este dictamen, que el Gobierno español acuda al Tribunal de Luxemburgo en defensa de la seguridad del suministro y la calidad del servicio.
Fuentes próximas al consejo explicaron a Europa Press que los consejeros proponen en su informe, requerido por Industria para resolver los recursos interpuestos contra este dictamen, que el Gobierno español acuda al Tribunal de Luxemburgo en defensa de la seguridad del suministro y la calidad del servicio.
El Departamento que dirige Joan Clos solicitó a la CNE un informe que explique los cinco recursos presentados (los de E.On, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Energéticas) en relación con las condiciones impuestas al grupo alemán para hacerse con el control de Endesa. El Ministerio de Industria tiene hasta noviembre para resolver los recursos, aunque ya ha mostrado su intención de no agotar el plazo. En concreto, Clos explicó la pasada semana en el Congreso de los Diputados que en la resolución de los recursos se tendrían en cuenta las alegaciones de los recurrentes, así como los requerimientos de la Comisión Europea.
Fuentes de Industria explicaron a Europa Press que el Gobierno español intentará negociar y mantener un vía de diálogo con la Comisión Europea sobre el dictamen de la CNE, aunque no descarta acudir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. En concreto, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está estudiando la acción a seguir, aunque su voluntad es aproximar "en lo posible, las dos opiniones, y en aquello donde no sea posible llegar a un consenso será trasladado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea".
La CNE estableció, entre otras condiciones, que E.On deberá vender la central nuclear de Ascó I, ceder la gestión de las centrales nucleares en las que participa, deshacerse de los activos de generación y distribución eléctrica en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y enajenar las centrales incluidas en el Plan del Carbón 2006-2012. En su recurso de alzada, E.On pide que se eliminen las condiciones relativas a la venta de activos y la que fija la revocación de la autorización si el grupo alemán incumple una sola de las condiciones, mientras que el de Endesa se centra en desmontar las condiciones que implican el "troceamiento" de la empresa y las desinversiones en activos.
Por su parte, Gas Natural rechaza la autorización de la operación, al considerar que E.On supone un riesgo para el abastecimiento, para las actividades reguladas y para la plantilla, e Iberdrola pide que se anule la operación y, con carácter subsidiario, que se obligue a E.On a vender las nucleares de Endesa.