LD (EFE) La reunión del Consejo de Administración se inició esta tarde con el informe del ponente, el consejero Luis Albentosa, y el análisis de los informes técnicos y jurídicos, pasos previos antes de abordar el debate. La CNE tiene de plazo hasta el jueves para emitir su dictamen sobre la operación, que tiene carácter vinculante.
De acuerdo con la llamada "función 14", el regulador energético debe analizar el impacto de la opa en las actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad) y determinar si afecta al interés general, en especial a los activos considerados estratégicos, como centrales nucleares o gasoductos internacionales. La CNE tiene que decidir si autoriza la operación, con o sin condiciones, o si la rechaza.
Según fuentes del sector, lo más probable es que la opa se autorice con condiciones, tal como ocurrió cuando Enel pidió permiso para elevar su participación en Endesa hasta el 24,9 por ciento. De acuerdo con la resolución dictada por la CNE el pasado 26 de abril, el regulador energético podrá revocar las decisiones que Enel tome en Endesa si afectan negativamente "al interés general y a la seguridad pública españoles".
La compañía italiana deberá informar a la CNE "de manera detallada" sobre su estrategia en Endesa si afecta a ese tipo de cuestiones. Además, deberá comunicar al regulador energético los acuerdos que se adopten en las juntas de accionistas y en las reuniones del consejo de administración de Endesa. A partir de esta información, la CNE podrá revocar cualquier acuerdo si considera que puede tener "un impacto negativo" en los intereses generales.
Enel y Acciona notificaron la opa a la CNE el pasado 3 de mayo y solicitaron su autorización para tomar el control de la compañía. El organismo que preside Maite Costa finalizó los trámites previos el pasado 19 de junio, aunque dio diez días a las partes personadas en el expediente (Endesa, Acciona, Enel, Iberdrola, Unión Fenosa y HC Energía) para presentar sus alegaciones.
De acuerdo con la llamada "función 14", el regulador energético debe analizar el impacto de la opa en las actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad) y determinar si afecta al interés general, en especial a los activos considerados estratégicos, como centrales nucleares o gasoductos internacionales. La CNE tiene que decidir si autoriza la operación, con o sin condiciones, o si la rechaza.
Según fuentes del sector, lo más probable es que la opa se autorice con condiciones, tal como ocurrió cuando Enel pidió permiso para elevar su participación en Endesa hasta el 24,9 por ciento. De acuerdo con la resolución dictada por la CNE el pasado 26 de abril, el regulador energético podrá revocar las decisiones que Enel tome en Endesa si afectan negativamente "al interés general y a la seguridad pública españoles".
La compañía italiana deberá informar a la CNE "de manera detallada" sobre su estrategia en Endesa si afecta a ese tipo de cuestiones. Además, deberá comunicar al regulador energético los acuerdos que se adopten en las juntas de accionistas y en las reuniones del consejo de administración de Endesa. A partir de esta información, la CNE podrá revocar cualquier acuerdo si considera que puede tener "un impacto negativo" en los intereses generales.
Enel y Acciona notificaron la opa a la CNE el pasado 3 de mayo y solicitaron su autorización para tomar el control de la compañía. El organismo que preside Maite Costa finalizó los trámites previos el pasado 19 de junio, aunque dio diez días a las partes personadas en el expediente (Endesa, Acciona, Enel, Iberdrola, Unión Fenosa y HC Energía) para presentar sus alegaciones.