LD (EFE) El Gobierno ha aprobado la Ley de Igualdad, que prevé, entre otras cosas, una "presencia equilibrada", no inferior al 40 por ciento, de mujeres en los procesos electorales, en los órganos del Gobierno, y en los Consejos de Administración de las empresas. El objetivo declarado del Gobierno es acabar con la discriminación de la mujer y lograr la igualdad real de sexos.
La CEOE se queja de que el método para su aprobación se ha basado "en la sindicalización y en la obligatoriedad, con el consiguiente régimen sancionatorio, el peor de los posibles". El Gobierno "no ha tomado en consideración ningún elemento esencial de los planteados" por la patronal, según ha comunicado. La CEOE recuerda que la Declaración para el Diálogo Social 2004 dice textualmente que "el Gobierno y los interlocutores sociales, mediante los instrumentos a su alcance, buscarán de manera concertada soluciones que promuevan la integración laboral de las mujeres y mejoren sus condiciones de trabajo", y también procura la conciliación de la vida familiar y laboral.
"Las empresas son las primeras interesadas", dice la patronal, "en que la mujer se incorpore masivamente al mercado de trabajo y a la dirección de las empresas. Esta es una de las mejores fórmulas para incrementar la productividad y la competitividad de la economía española". Y de hecho, "en los últimos años, la tasa de actividad femenina ha crecido mucho, en proporción muy superior a la masculina".
"Las empresas son las primeras interesadas", dice la patronal, "en que la mujer se incorpore masivamente al mercado de trabajo y a la dirección de las empresas. Esta es una de las mejores fórmulas para incrementar la productividad y la competitividad de la economía española". Y de hecho, "en los últimos años, la tasa de actividad femenina ha crecido mucho, en proporción muy superior a la masculina".
Asegura la patronal que el diálogo con el Gobierno sobre la Ley de Igualdad se ha desarrollado "con tal limitación que el texto que se ha presentado a los empresarios supone sólo la sexta parte del contenido previsto". La CEOE dice que "ni siquiera tiene constancia de que el texto íntegro haya sido visto por la Comisión de Subsecretarios". La nota pone de manifiesto que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, no ha admitido sugerencias suyas y explica algunos de sus planteamientos.
La patronal subraya que la nueva norma, en lugar de promover y estimular medidas de igualdad, pone el énfasis en el "mero cumplimiento formal de obligaciones impuestas por una Ley que, además, genera incertidumbre e inseguridad jurídica". Asimismo indica que la discusión ha quedado "claramente condicionada por la perentoriedad" del Gobierno de aprobar un texto antes del día 3 de Marzo.
Según la CEOE, la ley "ignora el contexto social en el que actúan las empresas, atribuyendo a los empresarios una responsabilidad que no les corresponde en exclusiva, eludiendo la responsabilidad de los trabajadores, de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad". También entiende que "obliga a la negociación colectiva a tratar esta materia, sin alternativa posible, provocando tensiones y un riesgo de conflictividad que no se corresponde, al día de hoy, con demandas reales contrastadas, disuadiendo la adopción de estrategias empresariales más ambiciosas y efectivas en esta materia".
La ley "conlleva para las empresas dificultades organizativas y de gestión derivadas de un nuevo régimen de permisos y excedencias adicionales a los existentes", añade el comunicado de la CEOE, que precisa que la situación generada y su incidencia en diálogo social será analizada por sus órganos de gobierno el próximo 15 de marzo.