LD (EFE) La idea es que el viajero reciba, desde el primer momento, información sobre el precio real del billete, con precisiones sobre el importe de los impuestos generales o de las eventuales cargas por carburante, explicó el portavoz europeo de Transportes, Stefaan De Rynck. En la actualidad hay muchas compañías que hacen publicidad de billetes a un precio muy bajo y, sólo en el momento de hacer la reserva añaden todos los impuestos.
Igualmente, pretende prohibir la actual discriminación de tarifas que se aplica en función del lugar de residencia del comprador del billete, su nacionalidad o el lugar de establecimiento del agente o agencia de viajes. El objetivo de la Comisión es que por el mismo billete, comprado en el mismo momento, no haya diferencia de precios. Estas dos ideas están contenidas en una propuesta global de Bruselas para modernizar el derecho del mercado único de transportes aéreos.
En los últimos diez años, desde la liberalización del sector en 1997, el número de conexiones aéreas ha aumentado más de un 60 por ciento, pasando de ochocientas a mil seiscientas ciudades que están conectadas con aviones. Al mismo tiempo, los operadores han crecido un 25 por ciento desde 1990 y han aparecido un enorme número de aerolíneas de bajo coste lo que ha llevado a una caída de las tarifas en muchas conexiones, que acaparan en algunos casos hasta un 50 por ciento de la oferta en ciertas rutas. Pero subsisten dificultades debido a la aplicación no uniforme de las normas aéreas comunitarias.
La Comisión pretende simplificar la legislación con la propuesta presentada este martes, que sustituye a tres reglamentos, los relativos a licencias de operación, acceso al mercado y tarifas áreas y establece reglas "más coherentes" y adaptadas a la situación actual. Además de las disposiciones relativas a los precios, se clarifican los criterios de concesión de licencias y señala que la Comisión debe poder retirar o suspender un permiso de vuelo en el caso de que un estado miembro no aplique el rigor necesario en la vigilancia de este proceso. Otra de las novedades es que facilita el alquiler de aviones matriculados en la UE pero con exigencias más estrictas en materia de seguridad cuando se trate de aparatos de países terceros, especialmente en los casos en los que está incluida la tripulación.
En cuanto a las disposiciones sobre la obligaciones de servicio público, se han revisado de forma que se impedirá a los estados explotar "exageradamente" ese concepto como forma de cerrar ciertas partes del mercado a la competencia. No se trata de eliminar esa posibilidad, si no de permitirla sólo cuando el desarrollo económico de una región lejana o una isla depende de ese servicio, precisó la Comisión, cuya propuesta debe ahora ir a discusión de los ministros de Transporte de la UE y del Parlamento Europeo.
La concesión se limitará a un solo operador, que podrá disfrutar la licencia durante cuatro años (ahora son tres), que se elevarán a cinco en el caso de las regiones ultraperiféricas, como Canarias.
La propuesta también incluye las relaciones con países terceros y elimina la posibilidad de limitar, por acuerdos bilaterales, la libertad de fijar las tarifas sobre los vuelos que salgan de un estado miembro con destino al exterior de la UE pero con una escala comunitaria. Igualmente garantiza la negociación europea de los derechos de tráfico aéreo que permiten a compañías aéreas no comunitarias explotar conexiones entre ciudades de la Unión.
Igualmente, pretende prohibir la actual discriminación de tarifas que se aplica en función del lugar de residencia del comprador del billete, su nacionalidad o el lugar de establecimiento del agente o agencia de viajes. El objetivo de la Comisión es que por el mismo billete, comprado en el mismo momento, no haya diferencia de precios. Estas dos ideas están contenidas en una propuesta global de Bruselas para modernizar el derecho del mercado único de transportes aéreos.
En los últimos diez años, desde la liberalización del sector en 1997, el número de conexiones aéreas ha aumentado más de un 60 por ciento, pasando de ochocientas a mil seiscientas ciudades que están conectadas con aviones. Al mismo tiempo, los operadores han crecido un 25 por ciento desde 1990 y han aparecido un enorme número de aerolíneas de bajo coste lo que ha llevado a una caída de las tarifas en muchas conexiones, que acaparan en algunos casos hasta un 50 por ciento de la oferta en ciertas rutas. Pero subsisten dificultades debido a la aplicación no uniforme de las normas aéreas comunitarias.
Novedades de la propuesta
La Comisión pretende simplificar la legislación con la propuesta presentada este martes, que sustituye a tres reglamentos, los relativos a licencias de operación, acceso al mercado y tarifas áreas y establece reglas "más coherentes" y adaptadas a la situación actual. Además de las disposiciones relativas a los precios, se clarifican los criterios de concesión de licencias y señala que la Comisión debe poder retirar o suspender un permiso de vuelo en el caso de que un estado miembro no aplique el rigor necesario en la vigilancia de este proceso. Otra de las novedades es que facilita el alquiler de aviones matriculados en la UE pero con exigencias más estrictas en materia de seguridad cuando se trate de aparatos de países terceros, especialmente en los casos en los que está incluida la tripulación.
En cuanto a las disposiciones sobre la obligaciones de servicio público, se han revisado de forma que se impedirá a los estados explotar "exageradamente" ese concepto como forma de cerrar ciertas partes del mercado a la competencia. No se trata de eliminar esa posibilidad, si no de permitirla sólo cuando el desarrollo económico de una región lejana o una isla depende de ese servicio, precisó la Comisión, cuya propuesta debe ahora ir a discusión de los ministros de Transporte de la UE y del Parlamento Europeo.
La concesión se limitará a un solo operador, que podrá disfrutar la licencia durante cuatro años (ahora son tres), que se elevarán a cinco en el caso de las regiones ultraperiféricas, como Canarias.
La propuesta también incluye las relaciones con países terceros y elimina la posibilidad de limitar, por acuerdos bilaterales, la libertad de fijar las tarifas sobre los vuelos que salgan de un estado miembro con destino al exterior de la UE pero con una escala comunitaria. Igualmente garantiza la negociación europea de los derechos de tráfico aéreo que permiten a compañías aéreas no comunitarias explotar conexiones entre ciudades de la Unión.