L D (Agencias) En el último pleno de la Cámara se decidió encargar un documento, cuyo borrador ya está listo, para analizar la situación en España de los sectores regulados —dependientes de tarifas que aprueba el Gobierno— y en el mismo se nombra varias veces la situación de Gas Natural y la OPA que lanzó sobre Iberdrola, que fue vetada por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Esta será la primera vez que una institución de la sociedad civil catalana se pronuncia sobre el malestar que provocó entre la elite empresarial barcelonesa la negativa de la CNE a dar luz verde a la OPA. En un principio está previsto que el próximo pleno de la Cámara, que tendrá lugar en julio, apruebe el texto definitivo en los términos que se apuntan en el borrador. Las críticas se basan en la intervención de los organismos reguladores en los sectores dependientes de la tarifa y en la normativa comunitaria y su aplicación en estos casos.
En el primero de los casos, el documento se pregunta si la actuación de organismos como la CNE está suficientemente clarificada a través de procesos de actuación concretos que eviten la “politización” de las actuaciones, según las citadas fuentes. La otra línea que defiende el texto es que la actuación de la CNE en este caso “va en contra de lo que aprobó la UE en la Cumbre de Barcelona y choca directamente con el proceso de liberalización que afrontan los sectores regulados comunitarios”, han añadido.
El texto defiende que la actuación de los organismos reguladores, en este caso no ha respetado la lógica económica y de los mercados, y recuerda que los dictámenes de la CNE para defender que la OPA de Gas Natural no siguiese adelante “no tenían suficiente base técnica”, consideran estas fuentes conocedoras del texto.
La CNE defendió en su momento que la unión de Gas Natural e Iberdrola suponía una amenaza para las inversiones comprometidas en las actividades reguladas de ambos grupos y que Gas Natural estaba destinando fondos que obtenía de la tarifa para concentraciones empresariales.
Esta será la primera vez que una institución de la sociedad civil catalana se pronuncia sobre el malestar que provocó entre la elite empresarial barcelonesa la negativa de la CNE a dar luz verde a la OPA. En un principio está previsto que el próximo pleno de la Cámara, que tendrá lugar en julio, apruebe el texto definitivo en los términos que se apuntan en el borrador. Las críticas se basan en la intervención de los organismos reguladores en los sectores dependientes de la tarifa y en la normativa comunitaria y su aplicación en estos casos.
En el primero de los casos, el documento se pregunta si la actuación de organismos como la CNE está suficientemente clarificada a través de procesos de actuación concretos que eviten la “politización” de las actuaciones, según las citadas fuentes. La otra línea que defiende el texto es que la actuación de la CNE en este caso “va en contra de lo que aprobó la UE en la Cumbre de Barcelona y choca directamente con el proceso de liberalización que afrontan los sectores regulados comunitarios”, han añadido.
El texto defiende que la actuación de los organismos reguladores, en este caso no ha respetado la lógica económica y de los mercados, y recuerda que los dictámenes de la CNE para defender que la OPA de Gas Natural no siguiese adelante “no tenían suficiente base técnica”, consideran estas fuentes conocedoras del texto.
La CNE defendió en su momento que la unión de Gas Natural e Iberdrola suponía una amenaza para las inversiones comprometidas en las actividades reguladas de ambos grupos y que Gas Natural estaba destinando fondos que obtenía de la tarifa para concentraciones empresariales.