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La banca pagará 12,4 millones a Nueva York como parte de la compensación por prácticas fraudulentas

En el acuerdo suscrito en abril, las principales firmas de Wall Street se comprometieron a pagar 1.400 millones de dólares, de los que 875 corresponden a multas y compensaciones. Otros 432,5 millones irán a financiar análisis a cargo de firmas independientes y 80 millones para promocionar y mejorar los conocimientos de los inversores.

LD (EFE) El estado de Nueva York recibirá 12,4 millones de dólares como parte de la compensación que los grandes bancos de inversión deben abonar por las prácticas posiblemente fraudulentas cometidas en el pasado. Así lo informó el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, en referencia al acuerdo alcanzado en abril por diez bancos de inversión con cada uno de los estados afectados, así como con la bolsa de Nueva York, con el mercado tecnológico Nasdaq, y con la Comisión de Valores Estadounidense.

Nueva York fue el estado principal de la investigación de Citigroup Global Markets y Morgan Stanley, si bien ya había llegado a un acuerdo previo con Merrill Lynch en mayo de 2002. En este sentido, Spitzer declaró que su oficina había llegado a un acuerdo con los siete bancos de inversiones restantes, en virtud del cual Nueva York recibirá un total de 12,4 millones de dólares, la mayor parte de los cuales ya ha recolectado.

Salomon Smith Barney, la banca de inversión de Citigroup, deberá abonar la cantidad más elevada, 400 millones de dólares del total, mientras que Credit Suisse First Boston (CSFB) y Merrill Lynch desembolsarán 200 millones cada una. A la firma Morgan Stanley le corresponde pagar 125 millones, a Goldman Sachs 110 millones y a J.P.Morgan, UBS Warburg, Lehman Brothers y Bear Sterns 80 millones cada una. Los 32,5 millones restantes, hasta completar el total acordado, le corresponde abonarlos a la firma Piper Jaffray.

Este acuerdo puso fin a casi dos años de investigaciones sobre algunas prácticas de las principales firmas de inversión en Wall Street y que las autoridades consideraron que suponían un fraude y un engaño para los pequeños inversores. Entre 1999 y 2001, las firmas implicadas desarrollaron prácticas en las que sus intereses inversores influían en los análisis de sus expertos, lo que producía un conflicto de intereses que no se desveló ni resolvió en su momento.

Las autoridades han constatado que las firmas implicadas emitieron análisis fraudulentos sobre compañías basados en datos y aspectos que no eran los fundamentales a la hora de abordar una posible inversión. Además, no desvelaron bonificaciones que pagaron a determinados analistas por sus informes, ni revelaron la entrega de acciones de primera emisión a algunos de sus ejecutivos, que consiguieron elevadas ganancias con ellas.

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