LD (EFE) Estas alegaciones se presentaron contra el auto en el que la juez dio por concluida la instrucción del caso e instó a las partes personadas a que presentaran sus acusaciones, lo que daría lugar a la apertura de juicio oral, o que solicitaran el sobreseimiento de la causa. Palacios acusó a Botín y otros cuatro ex altos cargos del antiguo Santander de cometer un total de 138 delitos fiscales y uno de falsedad documental.
Prácticamente todas las partes, incluida la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el abogado del Estado, pedirán a los magistrados que decreten la nulidad de las actuaciones de la juez Palacios y el archivo de la causa. Sólo Iniciativa Per Catalunya y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes permanecen como acusaciones y piden que se siente en el banquillo la cúpula del SCH.
Según el auto de la juez Palacios, los contratos de "cesión de nuda propiedad de créditos" o "cesión de créditos" que comercializó el grupo Santander entre los años 1987 y 1991, a veces bajo titularidad falsa, permitió a los clientes evitar el pago de las retenciones a Hacienda, que suponían entre el 20 y el 25 por ciento del capital depositado.
Entre estos años, el Santander hizo decenas de miles de operaciones, lo que causó un perjuicio a Hacienda, según afirma la juez, de 145.120 millones de pesetas, procedentes de 9.566 operaciones en la que la titularidad del cliente estaba cambiada.
Prácticamente todas las partes, incluida la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el abogado del Estado, pedirán a los magistrados que decreten la nulidad de las actuaciones de la juez Palacios y el archivo de la causa. Sólo Iniciativa Per Catalunya y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes permanecen como acusaciones y piden que se siente en el banquillo la cúpula del SCH.
Según el auto de la juez Palacios, los contratos de "cesión de nuda propiedad de créditos" o "cesión de créditos" que comercializó el grupo Santander entre los años 1987 y 1991, a veces bajo titularidad falsa, permitió a los clientes evitar el pago de las retenciones a Hacienda, que suponían entre el 20 y el 25 por ciento del capital depositado.
Entre estos años, el Santander hizo decenas de miles de operaciones, lo que causó un perjuicio a Hacienda, según afirma la juez, de 145.120 millones de pesetas, procedentes de 9.566 operaciones en la que la titularidad del cliente estaba cambiada.