Se da la circunstancia de que fue esta misma Sección de la Audiencia Nacional la que en su día dictó sentencia anulando la congelación salarial a los funcionarios llevada a cabo por el Gobierno del PP en 1997.
El sindicato celebró en un comunicado la admisión de su recurso, y precisó que con él se pretende dar cobertura jurídica a todo el personal afectado por la medida.
En este sentido, recordó que el ámbito de aplicación de estos recortes salariales es "extenso", pues afecta a los empleados públicos de las tres administraciones, al personal docente universitario, al personal militar profesional, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, entre otros funcionarios.
CC.OO. quiere que los tribunales restablezcan los derechos retributivos de los empleados públicos a la situación anterior a esa decisión gubernativa de "confiscación de sus salarios".
El sindicato entiende que la rebaja salarial a los funcionarios, que en promedio va desde el 0,5% al 7%, además de ser una agresión sin precedentes, vulnera un acuerdo en vigor, que ya contemplaba un escenario de crisis. De hecho, a principios de 2010 los salarios de los empleados públicos se incrementaron sólo un 0,3%.
El enfado sindical por esta medida les llevó a convocar una huelga general en las administraciones públicas el pasado 8 de junio.
La historia se repite
Ésta no es la primera vez que CC.OO. recurre ante el juez una decisión salarial sobre los funcionarios. La Federación de Enseñanza de este sindicato recurrió ante la Audiencia Nacional la congelación salarial a los funcionarios aprobada por el Gobierno en 1996. En enero de 2001, la Audiencia le dio la razón y procedió a anular la congelación salarial que sufrieron los empleados públicos en 1997.
En aquella ocasión también existía un acuerdo trianual para regular los incrementos salariales, como ahora, válido para los años 1995, 1996 y 1997.
La Audiencia señaló entonces que los empleados públicos tenían derecho a percibir el incremento salarial, según la previsión presupuestaria del crecimiento del IPC en 1997, más las cantidades que dejaron de percibir en los años posteriores como consecuencia de dicho aumento salarial.
Sin embargo, en febrero de 2002, el Tribunal Supremo estimó un recurso de casación presentado por el Gobierno y dejó sin efecto la sentencia previa de la Audiencia Nacional.
Según argumentó el Supremo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado que albergaba la congelación salarial estaba por encima de cualquier acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. Así lo percibieron también el Tribunal Constitucional y el de Estrasburgo, al que recurrió sin éxito CC.OO.