(Libertad Digital) La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado, según informa la agencia Europa Press, el contenido del auto dictado en esta causa por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, Teresa Palacios, en el que la juez apreciaba indicios de delito de administración desleal en la actuación de los imputados (Corcóstegui, Amusátegui y el actual presidente del SCH, Emilio Botín).
Al mismo tiempo, la Audiencia ha rechazado los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y por las defensas, que solicitaban el sobreseimiento del caso. La Fiscalía insiste en que no hay delito y las defensas en que los acuerdos de pago fueron legales y ajustados a lo previsto por los estatutos del banco.
Comunicado del Santander
A última hora de la tarde del jueves, el Santander Central Hispano emitía un comunicado en el que mostraba su "total discrepancia" con esta decisión, "toda vez que en las diligencias practicadas quedó acreditado que los hechos investigados fueron actuaciones totalmente legales, transparentes, desarrolladas conforme a los usos y modos mercantiles, verificadas por los auditores y registradas y detalladas en las cuentas anuales, que fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas".
Además, el banco se queja por la forma en la que ha conocido esta "hipotética" decisión de la Audiencia Nacional, mediante la prensa, ya que no ha recibido notificación alguna y, en consecuencia, no conoce los términos de la misma.
Los orígenes del caso
Este caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui. La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui (47 millones de euros) y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".
A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui (108 millones de euros), por entender que redundó en perjuicio de los inversores.
Según fuentes judiciales, ahora las partes deberán formular un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el archivo de la causa, sin perjuicio de poder pedir la práctica de diligencias complementarias.