L D (EFE) Tras la Asamblea General Anual de la patronal de banca, su presidente, José Luis Leal, dejó "rotundamente claro que los pagos se hicieron cumpliendo escrupulosamente la legalidad, de forma absolutamente transparente y con la aprobación de los órganos de gobierno competentes".
Leal se pronunció en los mismos términos que el banco y que el ministerio fiscal, al asegurar que "estamos convencidos de que no existe responsabilidad alguna" en esta causa, en la que están imputados Botín, el ex presidente Amusátegui y el ex consejero delegado Angel Corcóstegui.
Leal se pronunció en los mismos términos que el banco y que el ministerio fiscal, al asegurar que "estamos convencidos de que no existe responsabilidad alguna" en esta causa, en la que están imputados Botín, el ex presidente Amusátegui y el ex consejero delegado Angel Corcóstegui.
La "declaración institucional" de la AEB sobre el caso de las jubilaciones del Santander tuvo lugar en la conferencia de prensa posterior a la Asamblea General, en la que Leal auguró que la banca registrará este año crecimientos de beneficios similares a los de 2003, en torno al 15 por ciento. Ayudarán a ello el mejor comportamiento de la economía española, que crecerá un 3 por ciento aproximadamente, y de Latinoamérica, para la que existen "buenas perspectivas" y se observa una "mejoría apreciable", destacó Leal.
Los tres tendrán previsiblemente que sentarse en el banquillo, pues la juez Teresa Palacios ha finalizado la instrucción y ha pedido a las partes que presenten sus conclusiones definitivas para decretar la apertura de juicio oral. Los imputados están acusados de un delito de administración desleal por el pago de 108 millones de euros a Corcóstegui y 43,75 millones a Amusátegui cuando ambos dejaron la entidad. .
Los tres tendrán previsiblemente que sentarse en el banquillo, pues la juez Teresa Palacios ha finalizado la instrucción y ha pedido a las partes que presenten sus conclusiones definitivas para decretar la apertura de juicio oral. Los imputados están acusados de un delito de administración desleal por el pago de 108 millones de euros a Corcóstegui y 43,75 millones a Amusátegui cuando ambos dejaron la entidad. .