(Libertad Digital) La alta tasa de temporalidad española, situada en el entorno del 30 por ciento, podría provocar un "súbito y rápido" aumento del desempleo si la economía entra en recesión, según un estudio elaborado por Barbara Petrongolo y Christopher Pissarides, firme candidato al Premio Nobel de Economía, presentado hoy en rueda de prensa por el propio Pissarides en la Fundación Ramón Areces.
El profesor de la London School of Economics explicó que, en una situación así, se necesitaría una política económica que acompañara a los parados, es decir, que fuera generosa, al menos durante un corto periodo de tiempo, en sus prestaciones por desempleo.
Según Pissarides, la temporalidad es un arma de doble filo. Por un lado, si su presencia en el mercado laboral es cuantiosa, como en el caso español, provoca una segmentación del empleo, dividiendo a los trabajadores en dos grupos: los que tienen contratos indefinidos y, por tanto, una baja probabilidad de ser despedidos, y los que tienen contratos temporales, con costes del despido tan bajos o nulos que corren un "alto riesgo" de caer en el desempleo.
Así, en una recesión económica, las empresas dejan de renovar los contratos de los empleados temporales, causando un rápido aumento del paro, al tiempo que no contratan nuevo personal para sus plantillas, elevando a su vez la duración del desempleo.
La temporalidad como oportunidad
Pero la temporalidad también puede ser una oportunidad, señaló Pissarides. En su opinión, los contratos temporales no son necesariamente malos. De hecho, considera que en España han sido útiles y pueden seguir siéndolo ante una recesión económica, pues los temores de una empresa a contratar se reducen si saben que pueden hacerlo de manera temporal. El lado negativo es la segmentación que provocan del mercado laboral y la alta rotación que sufren estos trabajadores entre el empleo y el desempleo.
En otros países, recordó Pissarides, la introducción de la temporalidad no ha sido tan exitosa como en España. Es el caso de Francia, Italia y Grecia, informa Europa Press.
El estudio revela que tanto las tasas de destrucción de empleo como de creación del mismo son importantes para explicar la dinámica del paro en España. Basándose en datos de finales de 2004, cuando la tasa de desempleo española se encontraba en el 10 por ciento (ahora está en el 9,6), el 40 por ciento del incremento del paro se debía a la destrucción de puestos de trabajo y el 60 por ciento a la menor creación de empleo.
Según Pissarides, la desaceleración del sector de la construcción podría hacer que estos porcentajes se intercambiaran, de forma que la destrucción de empleo contribuiría en un 60 por ciento al repunte del paro y la menor creación de puestos de trabajo lo haría en un 40 por ciento.
Para que se pueda reducir el paro, el profesor Pissarides destacó la necesidad de combinar la generosidad de las prestaciones, en un periodo de tiempo no muy amplio, con fuertes incentivos al empleo. Así, consideró que, a fin de encontrar un puesto de trabajo, sería más efectivo que los parados fueran entrevistados regularmente por los responsables de las oficinas de empleo o incluso que se dieran subsidios a las empresas para que contrataran a aquellos trabajadores que lleven en el paro más de seis meses.
En este sentido, la patronal de grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT´s) en España reclama que se dé la importancia que se merece al sector en las políticas de empleo, igual que ya sucede en el resto de Europa. Así, los senadores franceses acaba de aprobar un Proyecto de Ley sobre la Movilidad de los Funcionarios, en cuyo articulado, tal y como expone el diario económico francés “Les Echos”, se valida el recurso a las ETT’s por parte de toda la Administración Pública, algo que hasta ahora en Francia se limitaba sólo al sector sanitario.
Más protagonismo para las empresas temporales
De esta forma, las ETT’s podrán ceder trabajadores al Sector Público por una duración máxima de 9 ó 18 meses, según el puesto a cubrir. Se pretende así favorecer la movilidad dentro de la función pública, las transiciones de lo público a lo privado y la eficacia.
Desde AGETT, la patronal de grandes empresas de trabajo temporal en España, resaltan que “Francia nos vuelve a adelantar en la liberalización de un sector que se considera clave para la competitividad de la economía francesa y el fomento del empleo de calidad en su país”.
Francisco Aranda, Presidente de AGETT recuerda que ya en 2005, bajo un gobierno de otro signo político, se aprobó la Ley de Cohesión Social, la cual posibilitó la conversión de las ETT’s en agencias de empleo, y que éstas pudiesen realizar selección propia contratos indefinidos, formación, etc. y fijando los términos y condiciones para su colaboración con los Servicios Públicos de Empleo.
Según Aranda, pese a que en España el sector no está en absoluto planteando que la liberalización del recurso a las ETT’s en la Administración Pública afecte a los funcionarios y sólo se recurra a ellas para el personal laboral, “la Ley de Contratos del Sector Público en nuestro país aprobada en octubre del año pasado, sigue limitando el recurso a las ETT’s sólo para la realización de encuestas y servicios análogos, lo cual es irracional”.
“Ya en esa ocasión, y pese al debate generado durante el trámite parlamentario, se perdió la oportunidad legislativa de adecuar el uso de un operador que podría ser parte de la solución a la brutal temporalidad que padece el Sector Público y a sus consecuencias en términos de calidad de prestación de los servicios y de la propia calidad de los empleos asociados”, denuncia el Presidente de AGETT.
“No existen razones objetivas ni justificadas para mantener esta exclusión”, destacan desde la patronal, y señalan en este sentido que, pese a que estas empresas nunca han participado en el Sector Público, la temporalidad se ha visto incrementada un 60% en la última década y más del doble que en el sector privado en 2006.
El mantenimiento de la exclusión que elimina la competencia de las ETT´s en el mercado de la contratación pública, supone para esta organización, “una restricción absoluta y discriminatoria, de importantes efectos, a una actividad económica perfectamente legal en toda Europa y por supuesto también en España desde hace ya más de 10 años”.
No obstante, en AGETT son optimistas al anunciar que “confiamos que la fuerza de nuestros argumentos consigan que en esta legislatura el Gobierno solucione esta injusticia que padecemos aún en España y permita, bajo criterios sociales y de calidad, que nuestro sector pueda colaborar con la administración pública, como cualquier otro”.