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Italia aprueba un ajuste de 5.500 millones de euros para cumplir con el Pacto de Estabilidad

 El Gobierno italiano aprobó este viernes un ajuste presupuestario de 5.500 millones de euros, cuya finalidad es hacer posible que el déficit público a final de año esté por debajo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB), uno de los requisitos del Pacto de Estabilidad europeo. A través de un decreto, el Consejo de Ministros adoptó una serie de medidas de recorte de gasto que se ampliará con otras de tipo administrativo para conseguir un ahorro adicional de 2.000 millones de euros, que suman en total unos 7.500 millones de euros.

L D (EFE) El efecto se notará en la segunda parte del año para evitar así el riesgo de que el déficit se situara al final por encima del 3% del PIB. El estado de las cuentas públicas italianas despierta preocupación en el Gobierno de centroderecha y fue la causa de que el primer ministro y titular interino de Economía, Silvio Berlusconi, acudiera el pasado lunes al Ecofin de Bruselas para explicar las líneas generales del decreto aprobado. Berlusconi satisfizo a los ministros de Economía y Finanzas comunitarios y salvó así a Italia de una "alerta preventiva" por déficit excesivo.

En detalle, las medidas previstas prevén un recorte estructural de gastos de 4.200 millones de euros y un aumento de los ingresos de 1.300 millones , lo que supone el 0,45% del PIB. La rebaja saldrá de la reducción de unos 1.300 millones en subsidios a empresas y al fomento del desarrollo de las regiones del sur, mientras en el consumo corriente y en las inversiones de los Ministerios en bienes y servicios habrá un ahorro de 2.800 millones de euros .

En concreto, la Administración Pública (con la excepción de las universidades y los centros de investigación) deberá reducir un 15% el gasto medio que tuvo en el bienio 2001-02. Las empresas públicas, como la de ferrocarriles y Correos y las misiones militares en el extranjero, también verán recortadas algunas partidas, así como los fondos destinados a asesorías externas (cien millones).

En cuanto a los ingresos, deberán contribuir en mayor medida los bancos a través del impuesto regional de actividades productivas (IRAP), mientras que se aumentará el precio del tabaco y se prorrogará hasta finales de año la legislación para regularizar la posesión no declarada de viviendas con el pago de una cantidad inferior a la exigible. Esta última fórmula, conocida como pago "una tantum", es un recurso excepcional para conseguir ingresos que en ocasiones precedentes ha sido criticada por Bruselas.

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