El excelente libro de Mauricio Rojas que hoy presentamos y que me ha complacido mucho prologar aborda uno de los capítulos más importantes de la agenda de reformas económicas y sociales que la mayor parte de Europa debería estar planteándose en la actualidad y que, más pronto o más tarde, acabará imponiéndose: la reinvención del Estado del bienestar.
Mauricio Rojas expone con maestría en su libro el ejemplo de las profundas reformas acometidas en el Estado del bienestar de Suecia, el país que durante mucho tiempo fue considerado la referencia a seguir en política social por casi toda la izquierda europea.
Como ha explicado Mauricio Rojas, las reformas, de enorme profundidad, fueron lideradas con incuestionable éxito por un gobierno de centro-derecha a principios de los años noventa del siglo XX ante el colapso de un Estado del bienestar sobredimensionado, ineficaz e ineficiente y que desincentivaba el trabajo y el esfuerzo.
Hoy el sistema de protección social sueco no se parece en nada al viejo modelo social hipertrofiado y estatista que ya no existe y que sigue siendo, no obstante, una referencia para la izquierda española.
Las reformas en Suecia han permitido transitar desde un Estado del bienestar caduco y obsoleto hacia una mucho más saludable sociedad del bienestar, capaz de ofrecer mejores niveles de vida a sus ciudadanos mediante más y mejores empleos, menos impuestos y mayor libertad de elección en los servicios educativos, sanitarios y sociales.
Porque, al final, se trata de que la gente viva mejor y que pueda elegir, es decir, que viva bien en libertad. Es así de sencillo.
Y para eso lo mejor es que cada ciudadano que quiera trabajar tenga un empleo, sea libre para elegir la educación de sus hijos, que esa educación sea de calidad, tenga garantizado el acceso a unos servicios de salud de calidad, esté protegido ante contingencias mediante un sistema de seguro y tenga garantizadas sus pensiones. Esa es la prioridad de quienes nos consideramos liberales y consideramos que el Estado puede y debe ayudar a quienes lo necesitan.
Pero el objetivo no puede ser el Estado por sí mismo. El carácter público de las escuelas, los institutos, las universidades o los hospitales no puede estar por encima de si prestan servicios de calidad o no. Pero para la izquierda sí lo está. Al menos, para la izquierda española.
No les importa que la educación sea de calidad. Les importa que sea pública.
No les importa que la universidad sea excelente. Les importa que sea pública.
No les importa que los hospitales den servicios de calidad. Les importa que sean públicos.
Incluso si a costa de ser públicos se pierde calidad o precisamente por ser públicos cuestan más que si fuera privados dando peor servicio.
No les importa el ciudadano. Les importa mantener estructuras públicas por interés político partidario y porque, al final, la iniciativa privada es terreno de libertad. Y a la izquierda eso de la libertad le produce alergia. Eso es cosa de los “peligrosos liberales”.
Lo peor de ese modelo estatista que busca cubrirlo todo y, de rondón, controlarlo todo, es que desprecia a la persona. La desprecia y mucho.
Siempre que el Estado decide por ti en cosas que afectan a tu vida está despreciando tu capacidad de saber mejor que nadie qué es lo que te conviene.
Siempre que el Estado te garantiza un nivel de renta superior al que podrías conseguir con tu primer empleo está despreciando tu capacidad de trabajo, tu capacidad de mejora. Te está diciendo que no vales nada pero que él, desde su superioridad, te mantendrá con sus subsidios.
Queridos amigos,
Cuando la izquierda habla de política social, suele olvidarse de la más importante, y que es además la que no se paga con impuestos de los contribuyentes: la creación de empleo. Es la más importante porque crea riqueza para todos y porque permite que cada persona se sienta satisfecha consigo misma, sepa que lo que es capaz de aportar es necesario y bueno para todos.
Siempre he sostenido que el empleo es la mejor política social. Lo afirmé cuando España tenía, como en 1996, una tasa de paro del 23 por ciento y, lo reiteré ocho años después, con 5 millones más de empleos y más de un millón de parados menos.
Siempre he afirmado que es más social y saludable crear empleo que pagar prestaciones por desempleo. Lo primero es social. Lo segundo, en España, es, más que social, socialista. Y no es lo mismo. Claro que no es lo mismo.
No es lo mismo dejar más de un millón de parados menos de los que te encontraste, como ocurrió cuando gobernó el Partido Popular, que dejar más personas en el cola del paro que las que uno se encontró, que es lo que va a hacer el actual gobierno socialista.
A fecha de hoy, hay en España en la cola del paro ochenta mil personas más de las que había en marzo del 2004, y al ritmo actual en marzo serían 400.000 parados más en la cola del INEM. Muy social…ista. Claro que sí.
Y es que no es lo mismo contener el gasto público, bajar los impuestos, hacer reformas económicas y reducir el paro que despilfarrar, subir los impuestos, no hacer reformas y hacer crecer el número de parados, para luego pagar subsidios a esos parados y presumir de protección social. Claro que no es lo mismo.
Porque da tristeza comprobar que la izquierda española sigue incurriendo en errores conceptuales propios de políticas antiguas. La puesta al día intelectual que ha hecho la izquierda sueca, por ejemplo, no la ha hecho la izquierda española. No han entendido todavía que el crecimiento económico sostenido y la creación de empleo son justamente los elementos que permiten avanzar en la sociedad del bienestar, y no al revés.
Cuando se pone el carro delante de los bueyes y se quiere aumentar el gasto por encima de lo que una economía puede financiar, que es lo que le pasó a Suecia hace veinte años y que el actual gobierno español no ha parecido entender, surgen los problemas. Porque España tiene actualmente un déficit financiero del 10 por ciento de su PIB (un déficit del 10% en eso que los economistas llaman la balanza de pagos por cuenta corriente), y esto significa que España está gastando por encima de nuestras posibilidades.
Lo responsable en esa situación es comprometerse a dar desde el gobierno lo que uno razonablemente va a poder pagar. Eso es lo que hace un gobernante prudente.
Al menos, uno que aspira a cumplir lo que promete, que es como yo concibo la política. Es en otros partidos donde se afirma eso de que “los programas electorales están para no cumplirlos”.
Queridos amigos,
En el terreno de la política social deben incluirse las reformas laborales en la dirección de la flexibilidad para hacer más atractiva la contratación, las reformas de las prestaciones por desempleo para incentivar la aceptación de empleos y las reformas en los sistemas de pensiones para garantizar su sostenibilidad, facilitar los instrumentos de ahorro individual y evitar la pérdida de trabajo de quienes pueden y quieren seguir trabajando.
He sido y soy partidario de las reformas en la educación para incrementar la calidad de la enseñanza bajo los principios de reconocimiento del mérito, el esfuerzo y la autoridad del profesor, así como para garantizar la libertad de elección de centro educativo en favor de los padres.
Y estoy convencido de que son imprescindibles reformas profundas en los sistemas de salud para evitar su colapso financiero en el futuro.
En el 2000, en Lisboa, impulsé todas estas ideas para el conjunto de la Unión Europea, y configuramos la Estrategia de Lisboa. El problema ha sido que en Europa buena parte de los países han preferido avanzar muy lentamente en la dirección de las reformas.
En España, durante los ocho años del gobierno que tuve el honor de presidir se acometieron reformas y mejoras importantes en los sistemas de protección social: dos profundas reformas laborales, dos acuerdos sobre pensiones en el seno del Pacto de Toledo, la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, varias reformas en el sistema de salud y una reforma profunda del sistema educativo, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, posteriormente derogada.
También se dejó iniciada la puesta en marcha del sistema nacional de dependencia.
Las dos rebajas del IRPF permitieron, además, a las familias de menores recursos y de rentas medias, las mayores beneficiarias de la rebaja de impuestos, disponer de mayor renta para ahorrar más para el futuro o para adquirir servicios educativos o sociales en el mercado.
Todas las medidas sociales aprobadas por el gobierno tuvieron en mente la necesidad de preservar el sistema de protección social a largo plazo.
Siempre rehuimos la tentación populista y la demagogia en asuntos tan sensibles como las pensiones o el salario mínimo.
En materia de pensiones, fuimos especialmente responsables. Nos encontramos un sistema de pensiones en suspensión de pagos, cuyo responsable es quien hoy lleva la cartera de Economía y Hacienda y amenaza con volver a llevarla otros cuatro años.
Recuerdo muy bien cómo, en diciembre de 1996, tuvimos que pedir un préstamo a los bancos para poder pagar la paga extraordinaria a los pensionistas españoles. Poco tiempo después conseguimos que el déficit de la seguridad social se convirtiera en superávit y en 2003 aprobamos la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, que tan criticada fue entonces por los socialistas.
En los ocho años de gobierno incrementamos las pensiones mínimas y las pensiones de viudedad, por razones de elemental justicia, garantizando siempre el futuro de las pensiones con una economía robusta que creció siempre por encima del 3 por ciento, incluso cuando las demás economías europeas estaban estancadas.
Y fuimos muy respetuosos con el Pacto de Toledo. Todas las reformas contaron con el respaldo del consenso previo de los agentes sociales.
Porque la responsabilidad en política de pensiones exige adoptar las decisiones sobre pensiones en el marco del pacto de Toledo, y no en un acto de partido, en Rodiezmo o donde sea, como hemos visto hace unos meses.
Y esto lo puedo decir alto y claro porque fui, como jefe de la oposición, quien firmó el pacto con el entonces gobierno socialista para no utilizar de forma partidista las pensiones.
Este Pacto también ha saltado por los aires en esta legislatura, cuando hemos comprobado que se utilizaba un mitin del partido socialista para anunciar una subida de las pensiones. Eso no pasó en los ocho años de gobierno del Partido Popular.
España necesita hoy una nueva agenda de reformas en sus políticas sociales que profundicen en la libertad de elección por parte del usuario-contribuyente, en la separación entre el Estado que provee los servicios y el Estado que produce dichos servicios y en la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones y del sistema de salud.
Este libro de Mauricio Rojas permite extraer valiosas experiencias de Suecia, que sin duda son de la mayor utilidad para acometer las reformas que nuestro país tiene pendientes.