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INFORME: Las causas del último enfrentamiento en el seno de la UE

Los ministros europeos de Competitividad han alcanzado una posición común sobre la propuesta de regulación para las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA), que no satisface por completo a ningún país y que ha causado una fuerte reacción contraria de la CE. El Consejo aprobó la propuesta por unanimidad, a pesar de la abstención de España, que defendía las tesis de Bruselas.

LD (EFE) Los problemas para la aprobación se centraron en los artículos 9 y 11, que según el texto definitivo, no será obligatorio aplicar.
 
El artículo 9 establece la prohibición a los consejos de administración de las empresas de usar, sin el respaldo de los accionistas, ciertos mecanismos de defensa contra las OPAs hostiles. 
 
El artículo 11 regula las llamadas "medidas de neutralización" que puede tomar una sociedad que ha lanzado la OPA una vez que se ha completado, para compensar las acciones emprendidas por la otra empresa para defenderse.
 
El acuerdo permite que los países puedan decidir si quieren aplicar o no estos artículos, y en el caso de que no lo hagan las empresas tienen libertad de elegir si quieren aplican los dos o sólo uno de ellos. Además, si un país opta por aplicarlos, siempre puede dar una exención a una empresa nacional objeto de una OPA, si la sociedad que la lanza pertenece a un Estado donde las medidas defensivas están autorizadas. Para el Ejecutivo comunitario la no obligatoriedad de estos artículos es inaceptable, pues la directiva queda reducida a una legislación de mínimos.

La propuesta para regular las OPAs a nivel europeo ya contó con un primer revés importante en 2001, cuando el Parlamento Europeo rechazó el primer texto del Ejecutivo comunitario, debido a las fuertes presiones ejercidas por Alemania, por lo que Bruselas presentó una nueva versión el pasado octubre.

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