(Libertad Digital) El escándalo salió a la luz cuando la prensa informó el pasado 16 de mayo de la existencia de una "caja negra" en el servicio externo de venta de datos de Eurostat y la posible implicación de su director general, Yves Franchet, y el director de unos de los seis departamentos del organismo, Daniel Byk. Solbes reveló que además del punto de venta de Luxemburgo, también los de Bruselas y Madrid se gestionaron con arreglo a un contrato externo que aparentemente no respetaba el reglamento financiero de la UE y escapaba a los controles internos.
El comisario español señaló que cuando compareció ante la comisión parlamentaria el pasado 11 de febrero no estaba informado de todos los hechos relacionados con Eurogramme y que hasta su conocimiento en mayo "nuestra percepción era que había habido algunos problemas en Eurostat en el pasado, pero que se habían tomado las medidas necesarias y que se estaban resolviendo". Kinnock, en su intervención, destacó que la Comisión Europea no abrirá ningún procedimiento disciplinario contra los presuntos implicados hasta que no se conozcan los resultados de la investigación de OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude). Ambos han sido, no obstante, apartados de sus puestos provisionalmente y "a petición propia".
Sin embargo, las investigaciones sobre las malversaciones de Eurostat han prosperado hasta el punto de que la Oficina de Lucha contra el Fraude decidió poner el asunto en manos de la Fiscalía francesa por entender que los dos altos funcionarios de Eurostat de nacionalidad gala estaban directamente implicados en el supuesto fraude (la OLAF denuncia la existencia de una caja negra aprovisionada por un sistema de facturas falsas entre la empresa francesa Planistat y Eurostat. Planistat gestiona los puntos de venta a través de los cuales Eurostat vende estadísticas en los estados miembros a clientes privados).
Buena parte de los grupos de la Eurocámara se sienten ahora engañados por la Comisión y recuerdan que la “descarga” del presupuesto 2001 se concedió porque los comisarios habían asegurado que el asunto Eurostat estaba controlado. A pesar de reiterar que no conocían los hechos cuando recomendaron la ejecución del presupuesto al Parlamento, persisten algunas contradicciones entre los comisarios Solbes y Schreyer, según declararon ante el Parlamento Europeo en julio.
Mientras Solbes mostró "su profunda preocupación por el hecho de que tuve que descubrir por la prensa que esos dos funcionarios estaban bajo sospecha y no a través de la OLAF, como normalmente debería haber sido el caso", Schreyer aseguró que la OLAF no tiene por qué informar a los comisarios sobre qué está investigando. De igual forma, Schreyer explicó, a preguntas de la comisión parlamentaria, que nunca mantuvo una conversación sobre el tema con Franchet, el director de Eurostat presuntamente implicado en el caso.
La OLAF transmitió el pasado marzo un expediente relativo a los puntos de venta de datos de Eurostat a las autoridades judiciales de París y después informó a Bruselas, "por primera vez", sobre sus "serias alegaciones", dijo Solbes. Además, el comisario español aseguró que la auditoría interna hecha por la propia Eurostat en 2000 sobre las posibles irregularidades la recibió "a comienzos de mayo de este año (2003)" y que la considera "muy inquietante".
El comisario español señaló que cuando compareció ante la comisión parlamentaria el pasado 11 de febrero no estaba informado de todos los hechos relacionados con Eurogramme y que hasta su conocimiento en mayo "nuestra percepción era que había habido algunos problemas en Eurostat en el pasado, pero que se habían tomado las medidas necesarias y que se estaban resolviendo". Kinnock, en su intervención, destacó que la Comisión Europea no abrirá ningún procedimiento disciplinario contra los presuntos implicados hasta que no se conozcan los resultados de la investigación de OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude). Ambos han sido, no obstante, apartados de sus puestos provisionalmente y "a petición propia".
Sin embargo, las investigaciones sobre las malversaciones de Eurostat han prosperado hasta el punto de que la Oficina de Lucha contra el Fraude decidió poner el asunto en manos de la Fiscalía francesa por entender que los dos altos funcionarios de Eurostat de nacionalidad gala estaban directamente implicados en el supuesto fraude (la OLAF denuncia la existencia de una caja negra aprovisionada por un sistema de facturas falsas entre la empresa francesa Planistat y Eurostat. Planistat gestiona los puntos de venta a través de los cuales Eurostat vende estadísticas en los estados miembros a clientes privados).
Buena parte de los grupos de la Eurocámara se sienten ahora engañados por la Comisión y recuerdan que la “descarga” del presupuesto 2001 se concedió porque los comisarios habían asegurado que el asunto Eurostat estaba controlado. A pesar de reiterar que no conocían los hechos cuando recomendaron la ejecución del presupuesto al Parlamento, persisten algunas contradicciones entre los comisarios Solbes y Schreyer, según declararon ante el Parlamento Europeo en julio.
Mientras Solbes mostró "su profunda preocupación por el hecho de que tuve que descubrir por la prensa que esos dos funcionarios estaban bajo sospecha y no a través de la OLAF, como normalmente debería haber sido el caso", Schreyer aseguró que la OLAF no tiene por qué informar a los comisarios sobre qué está investigando. De igual forma, Schreyer explicó, a preguntas de la comisión parlamentaria, que nunca mantuvo una conversación sobre el tema con Franchet, el director de Eurostat presuntamente implicado en el caso.
La OLAF transmitió el pasado marzo un expediente relativo a los puntos de venta de datos de Eurostat a las autoridades judiciales de París y después informó a Bruselas, "por primera vez", sobre sus "serias alegaciones", dijo Solbes. Además, el comisario español aseguró que la auditoría interna hecha por la propia Eurostat en 2000 sobre las posibles irregularidades la recibió "a comienzos de mayo de este año (2003)" y que la considera "muy inquietante".