LD (EFE) De nuevo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha insistido en que las nuevas competencias concedidas a la CNE se ajustan a la normativa comunitaria y ha considerado "normal" que España tenga que acudir al Tribunal de la Unión Europea (UE) al existir diferencias entre Bruselas y un Estado miembro, a pesar del riesgo de sufrir una sentencia condenatoria en la vista. Este miércoles la Comisión Europea ha anunciado que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la ampliación de las competencias de la CNE, que permitieron al regulador energético pronunciarse acerca de la OPAde E.On sobre Endesa.
Fuentes de Industria han indicado que, puesto que el Gobierno español y la CE mantienen posturas distintas sobre esta cuestión, "lo normal es que esa disparidad de criterios se dirima" en el Tribunal de la UE. La CE considera que las nuevas competencias suponen "restricciones injustificadas" a los principios de libre circulación de capitales y al libre establecimiento.
El decreto que modificó las funciones del regulador energético español fue adoptado de urgencia por el Gobierno español tras conocerse las intenciones del grupo alemán E.On de hacerse con Endesa y fue el que permitió a la CNE pronunciarse sobre la citada operación e imponerle condiciones. En un comunicado, el Ejecutivo comunitario subraya que los argumentos aducidos por España en defensa del citado decreto, "no son satisfactorios".
Bruselas recuerda que la norma establece un procedimiento de autorización previa para la adquisición de una participación significativa (de más del 10 por ciento o que conceda capacidad de decisión) en empresas que realicen directa o indirectamente actividades reguladas o sujetas a una intervención administrativa especial. En su opinión, ese procedimiento "excede de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos energéticos esenciales y puede resultar disuasorio para las inversiones procedentes de otros Estados miembros".
La Comisión reseña, asimismo, que Madrid podría haber atendido los intereses públicos que trataba de defender "con otras disposiciones menos restrictivas". Afirma, por último, que la legislación comunitaria ya incorporada o en trámite de incorporación al ordenamiento jurídico español "trata claramente las preocupaciones de España a este respecto".
El tribunal de la UE puede tardar
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ampliación de las competencias de la CNE puede demorarse cerca de dos años, dado que la Comisión no planea pedir una tramitación urgente y que el plazo medio que tarda la corte europea en pronunciarse se sitúa en torno a 24 meses. La Comisión Europea no habría registrado aún su denuncia contra España por el decreto legislativo que amplió las competencias del regulador energético español, aprobado de urgencia tras conocerse las intenciones del grupo alemán E.On de hacerse con Endesa.
En rueda de prensa, el portavoz comunitario del Mercado Interior, Oliver Drewes, aclaró que la denuncia se presentará por los cauces habituales y que depende en exclusiva de la corte decidir los plazos de tramitación del caso. Fuentes del Tribunal han incidido en que tanto la tramitación acelerada como la imposición de medidas cautelares debe ser solicitada por una de las partes y evitaron especular sobre cuándo podría tener lugar la vista del caso. Estas fuentes también han recordado un caso similar, en que Bruselas denunció a España por la ley de 1999 (modificada en 2003) que limitaba los derechos de las inversiones de empresas estatales extranjeras en el sector español de la energía, lo que supondría una restricción a la libre circulación de capitales. Esta denuncia se presentó en junio del 2006 y todavía no tiene un calendario público de tramitación.
Solbes también lo ve normal
El vicepresidente segundo y titular de Economía, Pedro Solbes, también se ha referido a las discrepancias entre el Gobierno español y la CE sobre las nuevas facultades de la CNE y las condiciones impuestas a la opa de E.On. "Que el Tribunal de Justicia delimite estos parámetros no me parece negativo para nosotros", indicó. Solbes reiteró que, a diferencia de lo que opina la CE, la normativa comunitaria permite que los países miembros tomen medidas para garantizar el suministro energético. El titular de Economía ha admitido que la CE "tiene competencia exclusiva en los procesos de fusión", pero ha recordado que la legislación europea incluye el concepto de "seguridad de abastecimiento", en el que se basó la decisión del Gobierno español.