LD (EFE) La compañía someterá ese día a la Junta una ampliación de capital de 8.625 millones de euros, la mayor de su historia, para afrontar la compra del grupo escocés Scottish Power. La decisión de Industria, que se ha notificado a Iberdrola, ACS, Unión Fenosa y a la CNE, podrá ser recurrida ante la Audiencia Nacional en un plazo máximo de dos meses. El ministerio, que no ha entrado en el fondo del asunto, dispone de tres meses (a contar desde el 21 de febrero) para resolver el recurso presentado por Iberdrola contra la resolución del regulador energético.
El pasado 15 de febrero, el Consejo de Administración de la CNE autorizó a ACS a ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento en las juntas de accionistas de Iberdrola, excepto en cuestiones estratégicas, pero estableció que la constructora no podrá designar consejeros ni participar en la gestión. La decisión de la CNE fue recurrida el 21 de febrero por Iberdrola, que solicitó también la suspensión cautelar de la autorización. Como parte del procedimiento, el ministerio ofreció la posibilidad de presentar alegaciones a ACS y a Unión Fenosa, aunque sólo lo hizo la constructora.
Los argumentos de Iberdrola se detallaron en un documento que se envió a Industria el 23 de febrero. En ese escrito, la eléctrica pide que se aclaren algunos aspectos de la resolución emitida por la CNE, en concreto los relativos al nombramiento de consejeros y al ejercicio de los derechos de voto. Iberdrola alega que, a la vista de la resolución, es imposible establecer un listado tasado de materias estratégicas. Además, señala que el mero ejercicio de los derechos de voto en algunos aspectos da a ACS capacidad de influir en la gestión de la compañía.
Según la eléctrica, la resolución de la CNE no explica las motivaciones por las que se ha apartado de los precedentes aplicados al BBVA, que tuvo que elegir entre Iberdrola y Repsol YPF, y a La Caixa, que debió optar entre Gas Natural y Endesa.
En esos dos casos, el regulador energético sólo autorizó el ejercicio de derechos de voto por encima del 3 por ciento para las decisiones que afectaran al mantenimiento del valor de la inversión, es decir la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de reparto de dividendos.
El pasado 15 de febrero, el Consejo de Administración de la CNE autorizó a ACS a ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento en las juntas de accionistas de Iberdrola, excepto en cuestiones estratégicas, pero estableció que la constructora no podrá designar consejeros ni participar en la gestión. La decisión de la CNE fue recurrida el 21 de febrero por Iberdrola, que solicitó también la suspensión cautelar de la autorización. Como parte del procedimiento, el ministerio ofreció la posibilidad de presentar alegaciones a ACS y a Unión Fenosa, aunque sólo lo hizo la constructora.
Los argumentos de Iberdrola se detallaron en un documento que se envió a Industria el 23 de febrero. En ese escrito, la eléctrica pide que se aclaren algunos aspectos de la resolución emitida por la CNE, en concreto los relativos al nombramiento de consejeros y al ejercicio de los derechos de voto. Iberdrola alega que, a la vista de la resolución, es imposible establecer un listado tasado de materias estratégicas. Además, señala que el mero ejercicio de los derechos de voto en algunos aspectos da a ACS capacidad de influir en la gestión de la compañía.
Según la eléctrica, la resolución de la CNE no explica las motivaciones por las que se ha apartado de los precedentes aplicados al BBVA, que tuvo que elegir entre Iberdrola y Repsol YPF, y a La Caixa, que debió optar entre Gas Natural y Endesa.
En esos dos casos, el regulador energético sólo autorizó el ejercicio de derechos de voto por encima del 3 por ciento para las decisiones que afectaran al mantenimiento del valor de la inversión, es decir la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de reparto de dividendos.