(Libertad Digital) El ministerio de Industria ya ha comenzado a dar los primeros pasos para transferir, a las comunidades autónomas, parte de las competencias para la fijación de las tarifas eléctricas. La medida tendría relación con una mejora en el suministro de energía, que se ha visto bastante afectado tras los apagones de los últimos años, y especialmente en las comunidades de Andalucía y Cataluña.
La intención del titular de Industria, José Montilla, es aumentar el poder de las comunidades autónomas para que éstas puedan intervenir no sólo en el tema de la distribución, como lo hacen actualmente, sino también en el precio del servicio. Esto implicaría acrecentar las facultades de las regiones para castigar a las empresas por las deficiencias en el suministro, ya que actualmente sólo pueden aplicar unas sanciones limitadas.
Según informa este martes el diario La Gaceta de los Negocios, fuentes del ministerio de Industria declararon que aunque la fórmula aún se halla en “fase de reflexión”, lo lógico es “dotar a las comunidades de las dos armas, el control de la distribución y la negociación de las tarifas”.
Si se aprueba la medida, el gobierno español establecería unos mínimos de calidad "a la carta”, dependiendo de cada comunidad autónoma, y posteriormente cada una negociaría con la empresa las condiciones de pago por el servicio en función de la demanda local, la calidad de éste y las necesidades de inversión en la red eléctrica. Así, las comunidades con mayores necesidades de mejoras (y por lo tanto con una mayor deficiencia en el servicio) serían los más susceptibles de recibir un recargo en sus facturas.