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Ignacio González acusa al Gobierno de Zapatero de no proteger a Repsol en Iberoamérica

El vicepresidente primero madrileño, Ignacio González, manifestó hoy que el Gobierno central "no actúa con la misma contundencia" cuando defiende los intereses de empresas españolas en el extranjero y le acusó de no proteger a Repsol de "los intolerables ataques que sufre" en Iberoamérica.

El vicepresidente primero madrileño, Ignacio González, manifestó hoy que el Gobierno central "no actúa con la misma contundencia" cuando defiende los intereses de empresas españolas en el extranjero y le acusó de no proteger a Repsol de "los intolerables ataques que sufre" en Iberoamérica.
LD (EFE) González se pronunció así en la conferencia que impartió en el Seminario Permanente de Eurofórum, donde abordó las actuaciones de la Comunidad en esta legislatura y algunos aspectos de la política nacional, como la situación de las empresas españolas en el mercado internacional.

Ignacio González dijo que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, "condiciona el mercado a sus intereses políticos" y adopta decisiones marcadas "por la minoría que le mantiene en el poder", hasta el punto de que, aseguró, "impide que las empresas funcionen libremente".

"El proteccionismo al que se ve forzado el Gobierno por sus actuaciones perjudica gravemente a las empresas españolas y a la imagen del España", afirmó el vicepresidente primero regional, quien aseguró que "no es comprensible" la manera en que Rodríguez Zapatero hace "patriotismo empresarial" y a la vez "pone en permanente cuestión la estabilidad y la unidad de España".

A juicio de González, resulta "paradójico e impropio de un Estado de Derecho" que "quien presumió de ser el primero en europeísmo ahora se enfrente a las instituciones europeas y abogue por cerrar el mercado energético español, después de haberlo abierto con su intervencionismo político en el mercado interior". Estas actuaciones del Gobierno central, advirtió el vicepresidente madrileño, "ponen en riesgo la existencia de grandes empresas españolas" del sector energético y podrían, dijo, "provocar inseguridad jurídica, confrontación con las autoridades comunitarias" y anular "operaciones exitosas" de España en el extranjero.

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