Estas cifras se enmarcan en la operación llevada a cabo por parte de la Agencia Tributaria sobre los depósitos bancarios con titulares españoles de cuentas en la filial suiza del HSBC, después de que Hacienda recibiera esta información de las autoridades francesas.
Tras recibir la información, referida a los ejercicios 2005 y 2006, Hacienda envió requerimientos a 659 titulares de las cuentas (dos de ellas personas jurídicas) para "ganar tiempo" e interrumpir la posible prescripción del delito.
El plazo que Hacienda concedió a los titulares para regularizar su situación expiró el pasado 30 de junio. Por ese motivo y a partir del mes de septiembre, la Agencia empezó a citar a los titulares de las cuentas que no habían atendido el requerimiento o que lo hicieron de forma no satisfactoria.
Con estos contribuyentes, se ha iniciado ya el envío del expediente sancionador y se está procediendo, en estos momentos, a la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras correspondientes.
Sanciones
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda, Ocaña ha considerado los 260 millones recaudados una "cifra importante", ya que se refiere sólo a regularizaciones espontáneas. Además, ha afirmado que la cifra es "provisional" y aumentará cuando se contabilicen las sanciones que se impongan a los contribuyentes que no han regularizado su situación.
De la misma forma, el secretario de Estado, que ha considerado este proceso de regularización como el "más grande" de la historia", ha asegurado que no ha habido ningún trato de favor a los contribuyentes y se ha mostrado partidario de mostrar "tolerancia cero" con todos los delitos fiscales.
El secretario de Estado se ha referido también al caso de Liechtenstein que se descubrió en 2007 después de la administración tributaria del Reino Unido enviara a España información sobre algunos contribuyentes españoles. La información afectaba a algo más de 200 personas en 85 grupos familiares y se refería al ejercicio 2002 y a años anteriores.
Cuentas en Liechtenstein
En este sentido, Ocaña ha asegurado que, tras analizar los datos recibidos, Hacienda envió a la Fiscalía Anticorrupción información de 65 contribuyentes, y ésta abrió expediente a 35 afectados. Sin embargo, en estos momentos y tras la prescripción de algunos expedientes, siguen en instrucción ocho procedimientos individuales y uno general que incluye a un total de nueve personas físicas, lo que hace un total de 15 contribuyentes.
En términos de recaudación, Ocaña ha asegurado que la información sobre este caso era "muy limitada y antigua", lo que ha dado lugar a que los resultados sean también "limitados". Así, no ha querido adelantar la cifra que ha dejado de ingresar Hacienda por este tipo de actividades, aunque sí ha dicho que las declaraciones extemporáneas realizadas han aportado cerca de ocho millones de euros.
No a una amnistía fiscal
Sobre la procedencia de los fondos, el secretario de Estado de Hacienda se ha limitado a decir que, por el momento, no se tiene constancia de que procedan de actividades ilícitas y ha asegurado que habrá que esperar a la finalización de los procesos judiciales para saberlo.
Finalmente, Ocaña ha puesto de manifiesto la "inquietud" que produce el fraude fiscal al Gobierno, ha destacado el trabajo que está llevando a cabo el Ministerio de Economía y Hacienda en este sentido y ha descartado la posibilidad de que se esté planteado una amnistía fiscal.
"Nuestra posición es que no es una buena idea", ha resaltado, tras recordar que el departamento que dirige Elena Salgado se ha opuesto de forma "rotunda y tajante" a cualquier propuesta en este sentido. Así, ha apostado una vez más por tener "tolerancia cero" con todos aquellos que creen que "se pueden ir de rositas" sin pagar sus impuestos.