En los últimos años, la Junta de Andalucía ha venido creando centenares de empresas públicas a las que ha ido transfiriendo el ejercicio de potestades públicas. Con este sistema conseguía eludir la aplicación de la legislación administrativa que establece controles en la gestión del dinero público, en la contratación administrativa y en la selección del personal. En estas empresas la Junta ha llegado a colocar a más de 25.000 personas directamente, sin someterse a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad establecidos para el acceso a los empleos públicos. UGT confiesa que su número puede ascender a más de 35.000. Como la Junta de Andalucía ha abusado desaforadamente del sistema, ha llegado un momento en que los tribunales han empezado a pararle los pies.
El modelo se ha agotado y, para continuar haciendo lo mismo, Griñán ha impulsado la aprobación del Decreto Ley 5/2010. Un estudio de los propios funcionarios, que dado el miedo al régimen imperante va firmado con seudónimo, el valleinclanesco Max Estrella, cesante de hombre libre -Libertad Digital conoce su identidad-, demuestra el enmascaramiento de una gran jugada política de PSOE y de los sindicatos UGT y CCOO para consolidar el empleo de los que han venido "colocando" irregularmente durante años.
Con esta operación, el PSOE afianza el voto de miles de familias beneficiarias de los empleos y CCOO y UGT consiguen una primacía en la Junta de Andalucía que no tienen ahora, dado que no son los sindicatos mayoritarios en la Función Pública.
Bajo el argumento de una reordenación del sector público, supuestamente destinada a reducir el gasto público y potenciar los servicios y el empleo público, pretende en realidad dar apariencia de legalidad al montaje y enmascarar:
• Una "privatización" de la Administración Pública, mediante la creación de una "administración paralela"; dirigida por los directivos de las "agencias públicas empresariales", puestos a dedo por el gobierno y sometida no a la Ley sino a las directrices de dichos directivos y a lo dispuesto en los estatutos de esas agencias, aprobados por el Gobierno.
• Una legitimación del empleo clientelar, constituyendo el embrión (bastante desarrollado, por cierto) de una "administración paralela" de adeptos y servilones que deben el empleo no a sus méritos sino a los intereses partidarios de sus "amos".
Los empleados públicos, casi unánimemente, se han rebelado contra lo que creen que es una infame operación, que consideran manifiestamente inconstitucional y atentatoria no sólo contra sus derechos, sino contra el modelo de Administración Pública consagrado en la Constitución.
El próximo día 13 están convocados por los sindicatos y plataformas, independientes del PSOE, UGT y CCOO, a una gran manifestación.