Grecia prohibirá las transacciones en efectivo superiores a 1.500 euros

El Gobierno griego presentó la pasada semana un plan de ajuste fiscal con el fin de reducir 4 puntos su déficit público oficial, desde el 12,7% del PIB en 2009 hasta el 8,7% en 2010.

El ministro de Finanzas, George Papaconstantinou, ha anunciado múltiples medidas: retrasar la edad de jubilación y ampliar el período de cálculo; rebajar el sueldo a los funcionarios y congelar las contrataciones de nuevo personal -sólo sustituirá a 1 de cada 5 trabajadores públicos-; aumentar los impuestos a las rentas altas, así como la tributación de los carburantes, la propiedades inmobiliarias, el tabaco o el alcohol; eliminar las exenciones fiscales, etc.

Sin embargo, una de las medidas más llamativas consistiría en prohibir las transacciones en efectivo que superen los 1.500 euros a partir de enero de 2011. El objetivo de este plan consiste en tratar de combatir la voluminosa economía sumergida que existe en el país, próxima al 30% del PIB. 

"A partir del 1 de enero de 2011, cada transacción superior a los 1.500 euros entre personas físicas y empresas, o entre empresas, será considerada ilegal si se hace en efectivo. Este tipo de transacciones tendrá que realizarse a través de tarjetas de crédito o débito", según el Ejecutivo heleno. De este modo, aspira a controlar este tipo de operaciones, ya que quedarían registradas en los movimientos bancarios.

Uno de los problemas más importantes de Grecia para reducir el déficit es su abultada evasión fiscal. Así, Atenas pretende acorralar las operaciones que escapan a la supervisión del Fisco. Por ello, Hacienda también exigirá a los contribuyentes una detallada lista de facturas para poder beneficiarse de la exención del IRPF hasta un máximo de 12.000 euros. En Grecia existe una larga tradición de no emitir facturas, con lo que al Fisco le resulta casi imposible determinar los ingresos reales de la población (la mayoría no son declarados).

Por otro lado, el Gobierno socialista pretende aplicar una especie de amnistía fiscal para repatriar el capital que los griegos acumulan en el extranjero. Los depósitos en bancos fuera de Grecia que regresen al país en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor del plan de ajuste fiscal no tendrán que justificar su origen y, además, contarán con ciertas ventajas fiscales.

En las últimas semanas, tras el agravamiento de la crisis de deuda pública que sufre el país, Grecia ha experimentado una fuga de capitales próxima a los 10.000 millones de euros.

Además, más allá de la reducción salarial aplicada a los funcionarios, Atenas también propone recortar el sueldo de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración, imitando así la medida aprobada en Irlanda. De hecho, pretende reducir hasta un 50% las retribuciones de las juntas directivas de las empresas estatales.

El plan cuenta con el rechazo frontal del sector público y de los sindicatos, que el pasado miércoles paralizaron el país con una huelga general. Sin embargo, el primer ministro griego, George Papandreou, lo tiene claro: las reformas "deben seguir adelante... ahora con mayor velocidad". El pasado lunes, Papandreou llamó a la moderación sindical advirtiendo que "todos debemos cambiar o nos hundiremos todos juntos, y no vamos a permitir que eso ocurra".

El Eurogrupo pedirá más medidas

El plan de ajuste sigue abierto a modificaciones. De hecho, en las últimas semanas se ha venido sucediendo la presentación de diversas propuestas y medidas presupuestarias con el fin de restablecer la confianza de los mercados en la deuda pública griega.

En este sentido, los ministros de Economía de los países de la eurozona debatirán este lunes la crisis de deuda de Grecia y pedirán al Gobierno de Atenas que adopte nuevas medidas de ajuste para evitar el riesgo de quiebra, pero no desvelarán qué medidas concretas tienen previsto adoptar si se hace necesario un rescate ni cuál será la contribución financiera de cada Estado miembro, según informaron fuentes diplomáticas.

El Eurogrupo tiene el encargo de dar seguimiento al compromiso alcanzado el jueves pasado por los líderes europeos, liderados por Francia y Alemania, de ayudar a Grecia a hacer frente a sus problemas presupuestarios y salir en su rescate si es necesario. Los jefes de Estado y de Gobierno no desvelaron cuáles serán sus contribuciones financieras alegando que el Gobierno de Atenas no ha pedido aún este tipo de ayuda.

El presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, anunció al término de la cumbre que este compromiso político "debe ejecutarse y aplicarse los días y las semanas que vienen", lo que fue interpretado como un anuncio de que los ministros de Economía anunciarían las medidas concretas del plan de rescate griego.

Sin embargo, el Eurogrupo no hará público ningún plan detallado por considerar que ello impulsaría a los mercados a tratar de comprobar su eficacia con nuevos ataques especulativos y restaría incentivos al Gobierno griego para realizar los ajustes necesarios. "Hay que mantener a los mercados en la incertidumbre", explicaron las fuentes consultadas.

El Ejecutivo comunitario presentará su primer análisis sobre la ejecución del plan anticrisis griego en marzo y "propondrá medidas adicionales si es necesario", según el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, informa Europa Press.