L D (EFE) Granado, que pronunció este jueves una conferencia sobre la "Previsión Social en España", destacó que este es el momento de proceder a los cambios, puesto que no hay problemas de exclusión social ni de costes.
En el caso de no hacerlo, advirtió, "nos veremos abocados a hacerlas -las reformas- para la crisis", escenario que se situaría en un plazo de entre siete y ocho años. Aunque descartó que existan motivos para la "alarma", resaltó que los problemas a los que se enfrenta el sistema público de pensiones son el envejecimiento de la población y la falta de una "cultura de la contributividad (las aportaciones de los trabajadores al sistema de protección social)".
Respecto al último punto, resaltó que en él se "residencian los principales estrangulamientos y debilidades del sistema" y puso como ejemplo el que la edad media de jubilación sigue bajando -la media está en los 62 años-, a pesar de que ahora es flexible y se incentiva la prolongación de la vida laboral, aunque, en su opinión, no lo suficiente. De acuerdo con los datos que dio, sólo el 39 por ciento de las personas entre 55 y 64 años tienen una actividad laboral, mientras que la jubilación por incapacidad permanente sigue creciendo, lo que calificó de problema serio.
Asimismo, indicó, la cultura de cotizar por mayores bases para lograr mejores pensiones "no ha llegado" a colectivos como empleadas del hogar -"el 50 por ciento" se jubila con carreras de quince años-, al régimen agrario y al de autónomos. Esto ha de cambiarse en un proceso de diálogo con los interlocutores sociales, en el que las opciones podrían ser mayores tiempos de cotizaciones o bases más altas, indicó, aunque no se decantó por ninguna en especial. Para Granado se debería producir un gran acuerdo social por el empleo y la competitividad en la primera parte de la legislatura que permitiera la disuasión fiscal de los expedientes de regulación de empleo de empresas con beneficios, fomentar la contributividad de los sectores con bases y períodos de cotización mínimos, que los complementos a mínimos de las pensiones las perciban los que las necesitan y una reforma de la prestación por viudedad.
En conclusión, precisó, hay que combinar reformas a corto plazo con otras que entren en vigor en un plazo de unos diez años y dialogadas con los interlocutores sociales, porque "preferimos cualquier medida antes que la jubilación anticipada". Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno elimine los topes de las pensiones máximas, respondió que su existencia es un elemento "fundamental" para la estabilidad del sistema y que ha contribuido al desarrollo del sistema complementario. Su mayor implantación se promoverá en la Declaración de Intenciones que el próximo 8 de julio va a firmar el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los dirigentes de CEOE-CEPYME, CCOO y UGT y que servirá de base para la consecución e un gran pacto por al competitividad y el empleo, avanzó Granado.
En el caso de no hacerlo, advirtió, "nos veremos abocados a hacerlas -las reformas- para la crisis", escenario que se situaría en un plazo de entre siete y ocho años. Aunque descartó que existan motivos para la "alarma", resaltó que los problemas a los que se enfrenta el sistema público de pensiones son el envejecimiento de la población y la falta de una "cultura de la contributividad (las aportaciones de los trabajadores al sistema de protección social)".
Respecto al último punto, resaltó que en él se "residencian los principales estrangulamientos y debilidades del sistema" y puso como ejemplo el que la edad media de jubilación sigue bajando -la media está en los 62 años-, a pesar de que ahora es flexible y se incentiva la prolongación de la vida laboral, aunque, en su opinión, no lo suficiente. De acuerdo con los datos que dio, sólo el 39 por ciento de las personas entre 55 y 64 años tienen una actividad laboral, mientras que la jubilación por incapacidad permanente sigue creciendo, lo que calificó de problema serio.
Asimismo, indicó, la cultura de cotizar por mayores bases para lograr mejores pensiones "no ha llegado" a colectivos como empleadas del hogar -"el 50 por ciento" se jubila con carreras de quince años-, al régimen agrario y al de autónomos. Esto ha de cambiarse en un proceso de diálogo con los interlocutores sociales, en el que las opciones podrían ser mayores tiempos de cotizaciones o bases más altas, indicó, aunque no se decantó por ninguna en especial. Para Granado se debería producir un gran acuerdo social por el empleo y la competitividad en la primera parte de la legislatura que permitiera la disuasión fiscal de los expedientes de regulación de empleo de empresas con beneficios, fomentar la contributividad de los sectores con bases y períodos de cotización mínimos, que los complementos a mínimos de las pensiones las perciban los que las necesitan y una reforma de la prestación por viudedad.
En conclusión, precisó, hay que combinar reformas a corto plazo con otras que entren en vigor en un plazo de unos diez años y dialogadas con los interlocutores sociales, porque "preferimos cualquier medida antes que la jubilación anticipada". Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno elimine los topes de las pensiones máximas, respondió que su existencia es un elemento "fundamental" para la estabilidad del sistema y que ha contribuido al desarrollo del sistema complementario. Su mayor implantación se promoverá en la Declaración de Intenciones que el próximo 8 de julio va a firmar el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los dirigentes de CEOE-CEPYME, CCOO y UGT y que servirá de base para la consecución e un gran pacto por al competitividad y el empleo, avanzó Granado.