LD (EFE) Tras recibir las peticiones, el juez convocó para el próximo martes a una audiencia entre representantes de Marsans y del Estado argentino, accionista minoritario de Aerolíneas, en el directorio de la compañía. Sicoli recibió también una petición de los representantes del Estado argentino en la compañía, Vilma Castillo y Julio Alak, para que designe un interventor judicial para la empresa y que se intime a los responsables al pago de salarios adeudados.
El Gobierno había acordado llevar a cabo la presentación judicial en una reunión realizada este miércoles con los sindicatos, que prometieron "garantizar la continuidad de los servicios" de la empresa en los próximos 60 días. Mientras, los principales diarios de Buenos Aires afirman hoy que detrás del pedido de intervención está la intención del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar Aerolíneas Argentinas, cuyo mayor acreedor es el Estado nacional.
También recogen el malestar de empresarios españoles y el diario Clarín, el de mayor tirada del país, sostuvo que Fernández "habló dos veces" con el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, "para amortiguar el impacto" de este asunto, "otro problema en la relación bilateral". Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral cancelaron o suspendieron hoy varios vuelos a causa de "razones climáticas" en referencia a la niebla que afecta a varios aeropuertos, como ha ocurrido en los últimos días para indignación de cientos de pasajeros.
Pero los sindicatos denuncian desde hace meses que ambas aerolíneas tienen paralizada buena parte de su flota por falta de repuestos para su mantenimiento, a lo que se suman deudas y conflictos laborales latentes. "Si hay justicia, todos los directivos de Marsans tendrían que ir presos", declaró a periodistas el líder de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, tras presentar la petición de intervención judicial en la compañía.
Subrayó que el sindicato, que reúne al personal de atención de clientes y despacho de vuelos, ha esperado "durante años" que el Estado "tenga un rol protagónico en el diseño de una aviación civil como servicio público estratégico" y para "recuperar Aerolíneas Argentinas en beneficio" de los trabajadores y la población. Enrique Frescia, líder de la Asociación de Aeronavegantes (auxiliares de a bordo), destacó a su vez que los sindicatos han aceptado "una cláusula de paz por 60 días para bajar el nivel de conflicto" en la aerolínea de bandera.
Frescia consideró que la privatización de la compañía y sus subsidiarias en 1991 "fue una operación ruin" que los sindicatos aeronáuticos no pudieron impedir. El diario de negocios Ámbito Financiero sostuvo que el Gobierno de Fernández "va hoy a la justicia para quedarse" con Aerolíneas y "el argumento oficial" para pedir la intervención se basa en "los números en rojo" de la compañía, que "llegan ya a los 300 millones de dólares".
"Ya sea en forma parcial o total, el Gobierno tomó la determinación de estatizar" Aerolíneas Argentinas, publicó a su vez el diario El Cronista, que cita fuentes oficiales. Sostuvo que la nacionalización se llevaría a cabo por medio de una "capitalización" de la deuda impositiva y por otros conceptos que la aerolínea mantiene con el Estado, calculada en unos 200 millones de dólares.