LD (Europa Press) Así lo han explicado fuentes de Gas Natural, cuyo departamento jurídico aún está estudiando el auto de la juez para ofrecer "una respuesta que defienda sus intereses y el de sus accionistas".
Tras conocerse el auto, la compañía catalana tiene un plazo de cinco días hábiles, a contar desde este mismo miércoles, para anunciar si presenta el recurso. Una vez realizada esta formalidad previa (basta con comunicar al juez que se quiere presentar el recurso sin necesidad de presentarlo), se abrirá un nuevo periodo de veinte días hábiles para presentar formalmente el escrito.
El plazo de cinco días hábiles ha empezado a computar este miércoles, al mismo tiempo que ha empezado a transcurrir el plazo de diez días otorgado por la juez a Endesa para que haga efectivo el aval bancario que abre la puerta a la suspensión la tramitación de la OPA.
El catedrático de Derecho Mercantil de Esade, Juan Ignacio Sanz, explicó a Europa Press que deben ser los propios consejeros de Endesa quienes decidan la presentación del aval, por lo que son ellos quienes deban responder personalmente ante sus accionistas por esta decisión. El aval es el más alto que jamás ha impuesto la Justicia en España. El Consejo de Administración de Endesa se reunirá el próximo martes. Se espera que para entonces hagan pública su decisión.
Según este mismo catedrático, el procedimiento ante el juzgado mercantil de Madrid puede durar "meses". Si la juez falla en contra de Gas Natural, ésta puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que prolongaría aún más el conflicto. En caso de que la jueza diera la razón a la gasista, ésta podría plantear una demanda por daños y perjuicios, lo que provocaría que Endesa debería aprovisionar el importe de esa reclamación en sus cuentas.
Este conflicto judicial entre Gas Natural y Endesa no afecta en principio a la contraopa presentada por el grupo energético alemán E.ON, que seguirá su curso. El primer escollo que deberá pasar es el examen ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo al que el Gobierno acaba de dotar de más competencias para vetar este tipo de operaciones.