L D (EFE) El Gobierno francés se había comprometido ante la Comisión Europea a reducir el próximo ejercicio su déficit, por debajo del límite del 3 por ciento del PIB fijado por el Pacto de Estabilidad. Así, esperaba alcanzar un 3,6 por ciento de déficit en 2004 y un 2,9 por ciento en 2005.
Pero las hipótesis técnicas enviadas a comienzos de año por el departamento de Economía y Finanzas al primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, desmienten esas previsiones y presentan unas cuentas públicas mucho más preocupantes, subraya el diario.
Además de un déficit que no baja este año, esas hipótesis muestran que la deuda pública, que había subido al 63 por ciento del PIB a finales del pasado año -por encima del límite del 60% del Pacto de Estabilidad- seguirá aumentando en los próximos años en Francia, en contra de lo anunciado por París a sus socios europeos. En concreto, esa deuda, que a finales de 2003 representaba un billón de euros (16.000 euros por habitante), podría alcanzar el 67 por ciento del PIB en 2005, en lugar del 63,2 por ciento contabilizado en el programa plurianual de finanzas entregado a Bruselas por Francia.
Le Monde añade que estas proyecciones técnicas se basan en unas hipótesis de crecimiento más bien optimistas a la vista de la coyuntura de la economía francesa actual -un 1,7 por ciento este año y un 2,5 por ciento en 2005-, y no integran el costo financiero del giro social marcado por el presidente francés, Jacques Chirac, la semana pasada al presentar la remodelación del Gobierno ni otras medidas.
No tienen en cuenta, por ejemplo, las reducciones de cargas prometidas a los restaurantes (1.500 millones de euros, 0,1 puntos de PIB), la supresión de la tasa profesional (2.500 millones), la revalorización de los sueldos de los funcionarios o nuevas bajas de impuestos que no están descartadas para 2005.
Chirac también ha indicado al primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, que su nuevo Gobierno que restablezca el Subsidio Específico de Solidaridad (unos 800 millones de euros), que calme el conflicto de los investigadores, que exigen empleos estables, y el de los temporeros del espectáculo. Además, la reforma de la Seguridad Social, cuyo agujero financiero no deja de incrementarse, debería llevarse a cabo este año, pero ahora el Gobierno insiste en que no lo hará por decreto y que quiere negociar con todos los agentes sociales.