L D (EFE) Así y según informó este lunes la patronal de este sector, se va a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que establece la rebaja de un 4,2 por ciento del precio de los fármacos en 2005 y un 2 por ciento en 2006, y que fue aprobado recientemente por el Gobierno en Consejo de Ministros
Esta rebaja, según Farmaindustria, implica una revisión coyuntural de precios de especialidades farmacéuticas que no respeta el procedimiento establecido al efecto por el propio Real Decreto. La misma fuente entiende que esta medida "penaliza fuertemente la innovación y envía una señal muy negativa" a los mercados y empresas del sector.
Sostienen asimismo que supone romper con una regla básica del necesario equilibrio entre el respeto a la innovación y la sostenibilidad del gasto público: que los ahorros en la factura farmacéutica deben proceder de los medicamentos que van perdiendo sus derechos de patente y que, por tanto, están ya abiertos a la competencia genérica, y nunca sobre los medicamentos con patente en vigor.
En cuanto al recurso que interpondrán a la disposición adicional 48a de la Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2005, que establece la imposición por ley de una tasa ligada al volumen de ventas de medicamentos al Sistema Nacional de Salud por parte de las compañías farmacéuticas.
Para Farmaindustria, esta segunda medida, "vulnera el principio de seguridad jurídica", al no conocerse por parte de los laboratorios y no poder contrastar los datos de ventas. Asimismo, añaden, que impone límites al derecho a la libertad de las empresas y vulnera el principio de igualdad, al no atender a la capacidad contributiva sino a las ventas, y al imponerse solamente a los laboratorios farmacéuticos. Aseguran también que con esta medida, el Gobierno transforma la voluntad de colaboración de la industria farmacéutica con la investigación y desarrollo (I+D) pública de los últimos años, basada en la capacidad de cooperar de cada empresa (medida en términos de su crecimiento), en una obligación de contribuir por Ley en función de las ventas, independientemente de la situación económico-financiera de cada laboratorio.
Ambas medidas, y siempre según las mismas fuentes, penalizarán al sector en el próximo bienio alrededor de 1.100 millones de euros. De todo ello, concluyen, pueden derivarse consecuencias muy negativas para la economía y la industria, puesto que a la merma de ingresos de los laboratorios innovadores se une la pérdida de confianza en el apoyo institucional español a Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Esta rebaja, según Farmaindustria, implica una revisión coyuntural de precios de especialidades farmacéuticas que no respeta el procedimiento establecido al efecto por el propio Real Decreto. La misma fuente entiende que esta medida "penaliza fuertemente la innovación y envía una señal muy negativa" a los mercados y empresas del sector.
Sostienen asimismo que supone romper con una regla básica del necesario equilibrio entre el respeto a la innovación y la sostenibilidad del gasto público: que los ahorros en la factura farmacéutica deben proceder de los medicamentos que van perdiendo sus derechos de patente y que, por tanto, están ya abiertos a la competencia genérica, y nunca sobre los medicamentos con patente en vigor.
En cuanto al recurso que interpondrán a la disposición adicional 48a de la Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2005, que establece la imposición por ley de una tasa ligada al volumen de ventas de medicamentos al Sistema Nacional de Salud por parte de las compañías farmacéuticas.
Para Farmaindustria, esta segunda medida, "vulnera el principio de seguridad jurídica", al no conocerse por parte de los laboratorios y no poder contrastar los datos de ventas. Asimismo, añaden, que impone límites al derecho a la libertad de las empresas y vulnera el principio de igualdad, al no atender a la capacidad contributiva sino a las ventas, y al imponerse solamente a los laboratorios farmacéuticos. Aseguran también que con esta medida, el Gobierno transforma la voluntad de colaboración de la industria farmacéutica con la investigación y desarrollo (I+D) pública de los últimos años, basada en la capacidad de cooperar de cada empresa (medida en términos de su crecimiento), en una obligación de contribuir por Ley en función de las ventas, independientemente de la situación económico-financiera de cada laboratorio.
Ambas medidas, y siempre según las mismas fuentes, penalizarán al sector en el próximo bienio alrededor de 1.100 millones de euros. De todo ello, concluyen, pueden derivarse consecuencias muy negativas para la economía y la industria, puesto que a la merma de ingresos de los laboratorios innovadores se une la pérdida de confianza en el apoyo institucional español a Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).