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Extremadura acusa a Portugal de competencia desleal por el trato de favor a los transportistas

La Junta de Extremadura presidida por Juan Carlos Ibarra ha pedido "un pacto" entre las regiones fronterizas con Portugal para controlar el transporte por carretera y que las autoridades españolas y lusas "pongan orden" para evitar "fraudes" como que los transportistas españoles domicilien sus empresas en el país vecino con el fin de evadir impuestos.

L D (EFE) Así lo ha reclamado en Mérida, el consejero de Vivienda, Urbanismo y Transporte, Javier Corominas, para suprimir "esta situación de desigualdad entre Portugal y España". Según la Junta, que se refiere a datos de los empresarios del sector, de los aproximadamente 12.000 transportistas extremeños unos 1.500 han domiciliado sus empresas en Portugal, han adquirido licencias comunitarias que les permiten seguir operando en Extremadura y venden sus tarjetas de transporte españolas a transportistas de España.

Las diferencias entre España y Portugal

En Portugal , según el Gobierno de Juan Carlos Ibarra, las facilidades para obtener las licencias son mayores, ya que no se pide un mínimo de vehículos ni un máximo de antigüedad de éstos, no se demanda una autorización de transportes, ni capacitación profesional, ni capacidad económica, ni tener una relación laboral con las empresas, y sólo se piden en carretera los discos diagramas de los últimos ocho días. Por contra, en España se pide un mínimo de tres vehículos de un máximo de dos años de antigüedad para abrir una empresa, capacitación profesional, una capacidad económica de 9.000 euros para la primera autorización y de 5.000 para las siguientes, "honorabilidad" y adquirir en el mercado una autorización, de entre 18.000 y 24.000 euros, si se trabaja con un único vehículo. También se puede requerir en la carretera a los transportistas los discos diagrama utilizados en el último año.

Esto hace que numerosos transportistas extremeños trasladen sus domicilios empresariales a Portugal, donde también tienen más facilidades fiscales, pero que mantengan su actividad en Extremadura. Para Corominas, esto provoca "una distorsión muy importante" en el mercado de la Comunidad Autónoma ya que esto supone "una competencia desleal".

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