LD (Agencias) La Red de Expertos Inmobiliarios (REI) ponen de manifiesto en un informe crítico sobre la Ley del Suelo su "escepticismo" sobre la eficacia real que tendrá la nueva norma, en vigor desde el pasado 1 de julio, frente a los problemas actuales de la vivienda. Así, la organización asegura, por ejemplo, que las exigencias de transparencia e incompatibilidades que impone a los responsables municipales "no son suficientes" en la lucha contra la corrupción urbanística.
El junto a la amonestación de la REI a la Ley del Suelo de Trujillo, el PP ha vuelto a criticar el otro gran proyecto de Trujillo, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). Los populares quieren que el Gobierno cumpla con la moción aprobada en el Senado en 2006 para que se suprima la SPA y se transfieran los fondos destinados a su funcionamiento a los organismos y entidades de las comunidades autónomas competentes en las políticas de alquiler, según consta en una de sus propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación, que se vota mañana en el Congreso.
La REI considera que "el precio de la vivienda no depende sólo, y ni siquiera en su mayor parte, de la regulación del suelo, al tener mayor incidencia otro conjunto de factores, como los tipos de interés de las hipotecas, la fiscalidad de la adquisición de vivienda propia, la economía general o el crecimiento demográfico".
Otra de las críticas de la red de agencias va dirigida contra la medida que permite a las comunidades autónomas hacer excepciones, sin limitación alguna, a favor de los propietarios del suelo en cuanto a la facultad de urbanizar, frente al criterio general de la Ley de que la urbanización es un servicio público atribuible mediante concurso público. "No se ve la razón por la que el Estado, a efectos de igualar los derechos de los propietarios, establece una regulación que permite excepcionar totalmente por la legislación autonómica", señala la organización.
Una valoración del suelo "difícilmente justificable"
Por otro lado, la REI suma también sus "mayores críticas y dudas" a la "aplicación real y efectiva" del nuevo sistema de valoración de suelo, que establece el valor de los mismos sin tener en cuenta sus expectativas. Concretamente, critica el tratamiento similar que se hace a efectos valorativos de diferentes tipos de suelo, como del rural apartado y del suelo periurbano, "algo difícilmente justificable", según indican. Por último, la REI entiende que la formulación de la Ley es "excesivamente genérica, por lo que su aplicación y control efectivos no quedan garantizados".
Expropiaciones y corrupción
Este aspecto de la Ley ha sido muy criticado anteriormente. Según un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana, "la nueva ley cambia los criterios de valoración del suelo. En la práctica, esta medida conllevará la extensión de la expropiación estatal y, con ello, el establecimiento de un “injustiprecio” irrisorio a los titulares del terreno que es susceptible de vulnerar la Constitución y, de hecho, contradice la doctrina jurídica del Tribunal Supremo".
Posteriormente, Deloitte también advirtió de que producirá un abaratamiento "brutal" de las expropiaciones. Con la nueva ley, apunta Deloitte, los Ayuntamientos gestionarán "por expropiación a un precio muy barato" llegando a reducir estos costes "hasta un 85 por ciento".
La RIE, en funcionamiento desde noviembre de 2006, tiene como principal objetivo crear un sello de calidad al que se puedan adherir todas las empresas y agencias inmobiliarias que deseen compartir su experiencia en el sector con otros profesionales. Así, su filosofía es compartir las operaciones de compraventa entre diferentes agencias, creando una base de datos compartida a través de la cual compradores y clientes de cada una de las agencias que forman parte de la Red puedan encontrar la vivienda, el local o el solar que mejor se adapta a sus necesidades.
El PP pide que se suprima la Sociedad Pública de Alquiler
Además de esta medida, los 'populares' quieren modificar las políticas de fomento del alquiler, sobre todo los programas de ayudas a los propietarios --para la rehabilitar su vivienda y posterior cesión en arrendamiento-- y a los inquilinos, flexibilizándolos para que puedan ser desarrolladas con facilidad por las comunidades, modificando también la ley de Arrendamientos Urbanos y creando los Juzgados de Vivienda.
Asimismo, pedirán en la última jornada del Debate sobre el estado de la Nación que se introduzcan en el Ministerio de Vivienda las correcciones necesarias para ejecutar eficazmente sus presupuestos, y en consecuencia, agilizar la financiación del Plan Estatal de Vivienda a las comunidades autónomas.
En la misma línea, el PP solicitará cambiar la Ley de Haciendas Locales con el fin de dotar a las corporaciones locales de la financiación suficiente para constituir y desarrollar los patrimonios de suelo, que consideran necesarios para la construcción de viviendas protegidas.
Por último, abogan por formalizar, con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, convenios que permitan la cesión a las mismas de suelo de titularidad estatal de los ministerios de Defensa, Fomento, Vivienda o Hacienda para la promoción de viviendas protegidas.