LD (EFE) Junto a los altos mandos militares, policiales, varios de sus ministros y dirigentes sindicales e indígenas, Morales firmó el decreto de nacionalización en el yacimiento de gas Carrasco, situado en el departamento de Cochabamba (centro).
El decreto establece que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asume el control de todas las acciones que poseía el grupo BP a través de Pan American Energy (PAE) que tiene su sede en Argentina.
Esas trasnacionales contaban con un 50 por ciento de Chaco, participación que ahora pasa a manos del Estado boliviano, lo que le da a YPFB un 99 por ciento de esta compañía.
Chaco, que opera cerca de una decena de campos de gas en Bolivia, anunció recientemente una inversión de 64 millones de dólares para aumentar la producción de gas en el país.
La nacionalización de esta petrolera, acompañada de presencia militar en el campo Carrasco, es consecuencia de la falta de acuerdo entre el Estado boliviano y los accionistas de Chaco, que no aceptaron las condiciones planteadas por el Gobierno desde 2006.
"Lamentamos mucho que algunas empresas petroleras no respeten las normas bolivianas", dijo Morales, en alusión a esa presunta falta de una voluntad en Chaco para acatar los decretos de nacionalización.
El presidente destacó que las empresas petroleras que respeten las decisiones de su Gobierno serán "bienvenidas y se garantizará su inversión", pero en caso contrario el Ejecutivo las intervendrá.
La nacionalización de varias empresas trasnacionales petroleras comenzó en mayo de 2006, pero la medida no se había cumplido en el caso de Chaco.
Tras esta operación, el Estado boliviano controla cinco empresas petroleras: una compañía de refinería comprada a Petrobrás, la productora Andina, asociada a Repsol YPF; una transportadora de gas y crudo (Transredes), una compañía de logística y almacenamiento (CLHB) y ahora Chaco.