L D (EFE) En un discurso celebrado en una reunión sindical de campesinos en la ciudad de Cochabamba, Morales dijo que sus colaboradores en La Paz le informaron que la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, llamó al Canciller boliviano y a otros ministros por el allanamiento de la empresa realizada este pasado viernes por un grupo de fiscales. "Queremos decir, como Gobierno, que respetamos las investigaciones que hacen los poderes del Estado, el ministerio Público y su tarea, pero el Gobierno jamás va romper relaciones con empresas. Habrá diálogo, concertación, nuevos contratos en el marco del decreto supremo de nacionalización", dijo Morales.
El mandatario boliviano remarcó que "nunca" planteó expulsar ni expropiar las bienes de las trasnacionales "pero ellos no pueden ser patrones ni dueños, ellos tiene que ser socios". La empresa fue allanada el viernes por un grupo de fiscales y de policías para confiscar documentación e investigar una denuncia sobre la suscripción de un contrato supuestamente irregular entre la empresa Andina, filial de Repsol YPF, y la brasileña Petrobras.
Según la denuncia, ese convenio firmado en 2002 provocó pérdidas de entre 160 y 190 millones de dólares para el Estado boliviano porque fijaba un ajuste de precios sobre el gas natural diferente al acordado entre los gobiernos de La Paz y Brasilia. "Queremos decirles a España, a Repsol: el Gobierno va a apostar por las negociaciones, por los nuevos contratos; necesitamos inversión pero no necesitamos patrones, ni dueños", remarcó Morales al señalar que esa es una posición que no cambiará.
El mandatario enfatizó que las investigaciones de la Fiscalía deben respetar los procedimientos y "no cometer actos irregulares", al agregar que hace ese pedido pero "jamás habrá intromisión del Gobierno hacia otros poderes del Estado". "Quiero decirle al gobierno de España que algunos medios de comunicación están magnificando este tema y reiterarle que desde el Gobierno apostaremos por el diálogo por las negociaciones para que haya buenos socios y no malos socios", remarcó.
Según Morales, la fiscalía de la ciudad de Santa Cruz, donde tiene su sede de la petrolera, debe continuar investigando el caso y "castigar" si hubo violación de las normas de su país. También agregó que el Gobierno español dijo que respetará el decreto supremo de nacionalización, emitido en mayo pasado, y consideró que esa actitud es un reconocimiento de la comunidad internacional a las normas bolivianas.
El mandatario boliviano remarcó que "nunca" planteó expulsar ni expropiar las bienes de las trasnacionales "pero ellos no pueden ser patrones ni dueños, ellos tiene que ser socios". La empresa fue allanada el viernes por un grupo de fiscales y de policías para confiscar documentación e investigar una denuncia sobre la suscripción de un contrato supuestamente irregular entre la empresa Andina, filial de Repsol YPF, y la brasileña Petrobras.
Según la denuncia, ese convenio firmado en 2002 provocó pérdidas de entre 160 y 190 millones de dólares para el Estado boliviano porque fijaba un ajuste de precios sobre el gas natural diferente al acordado entre los gobiernos de La Paz y Brasilia. "Queremos decirles a España, a Repsol: el Gobierno va a apostar por las negociaciones, por los nuevos contratos; necesitamos inversión pero no necesitamos patrones, ni dueños", remarcó Morales al señalar que esa es una posición que no cambiará.
El mandatario enfatizó que las investigaciones de la Fiscalía deben respetar los procedimientos y "no cometer actos irregulares", al agregar que hace ese pedido pero "jamás habrá intromisión del Gobierno hacia otros poderes del Estado". "Quiero decirle al gobierno de España que algunos medios de comunicación están magnificando este tema y reiterarle que desde el Gobierno apostaremos por el diálogo por las negociaciones para que haya buenos socios y no malos socios", remarcó.
Según Morales, la fiscalía de la ciudad de Santa Cruz, donde tiene su sede de la petrolera, debe continuar investigando el caso y "castigar" si hubo violación de las normas de su país. También agregó que el Gobierno español dijo que respetará el decreto supremo de nacionalización, emitido en mayo pasado, y consideró que esa actitud es un reconocimiento de la comunidad internacional a las normas bolivianas.
Un juez boliviano libera al responsable de Repsol que estaba detenido
Un juez boliviano liberó este domingo al síndico de la empresa petrolera Andina, filial de Repsol YPF en Bolivia, detenido desde este sábado acusado de una supuesta responsabilidad en la firma de un contrato presuntamente irregular con la empresa Petrobras. La decisión de liberar al sindico Saúl Encinas Miranda, al que la Fiscalía de la ciudad de Santa Cruz acusó de "estafa agravada", fue tomada esta noche por el magistrado Jimmy López de la Corte de Justicia cruceña. López dijo en la audiencia de medidas cautelares que "no existe esa posible participación en el delito de estafa", como denunció el fiscal Alberto Cornejo al presentar su imputación a medio día.
El magistrado dijo que la libertad de Encinas es procedente porque acreditó un domicilio fijo en Santa Cruz y un empleo estable, para rechazar la presunción de la fiscalía de que existía un posible riesgo de fuga. Sin embargo, el juez determinó aplicar algunas restricciones que implican la presentación de parte de Encinas de dos garantes ante el juzgado y un arresto domiciliario limitado que no le impedirá cumplir sus actividades laborales diarias. También le prohibió viajar fuera del país mientras se realiza la investigación del caso y la obligación de presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público.
Pese a la decisión del juez, al término de la audiencia el fiscal José Centenaro dijo que el ministerio Público mostró una "relación vinculante" entre Encinas y su responsabilidad en la firma de ese contrato con Petrobras. Por su parte, el abogado de Repsol, Cesar Durán, manifestó que "no existían suficientes indicios de que Encinas haya sido autor o participe del delito denunciado", argumentando que su actividad como síndico se inició con posterioridad a la firma del citado contrato.
Andina y la empresa brasileña, que proveen gas boliviano a Brasil, son acusadas por la Fiscalía de un "pacto secreto" que burló una fórmula de reajuste periódico del precio del hidrocarburo enviado a Brasil, como estipulaba un contrato firmado por los gobiernos de La Paz y Brasilia. La acusación fue secundada en los pasados días por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, quien calculó en cerca de 160 millones de dólares el supuesto daño cometido contra el Estado boliviano. Las investigaciones derivaron el viernes en un allanamiento de la sede de la empresa Repsol YPF en Bolivia por un grupo de fiscales y policías que confiscaron documentación sobre el caso.
El magistrado dijo que la libertad de Encinas es procedente porque acreditó un domicilio fijo en Santa Cruz y un empleo estable, para rechazar la presunción de la fiscalía de que existía un posible riesgo de fuga. Sin embargo, el juez determinó aplicar algunas restricciones que implican la presentación de parte de Encinas de dos garantes ante el juzgado y un arresto domiciliario limitado que no le impedirá cumplir sus actividades laborales diarias. También le prohibió viajar fuera del país mientras se realiza la investigación del caso y la obligación de presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público.
Pese a la decisión del juez, al término de la audiencia el fiscal José Centenaro dijo que el ministerio Público mostró una "relación vinculante" entre Encinas y su responsabilidad en la firma de ese contrato con Petrobras. Por su parte, el abogado de Repsol, Cesar Durán, manifestó que "no existían suficientes indicios de que Encinas haya sido autor o participe del delito denunciado", argumentando que su actividad como síndico se inició con posterioridad a la firma del citado contrato.
Andina y la empresa brasileña, que proveen gas boliviano a Brasil, son acusadas por la Fiscalía de un "pacto secreto" que burló una fórmula de reajuste periódico del precio del hidrocarburo enviado a Brasil, como estipulaba un contrato firmado por los gobiernos de La Paz y Brasilia. La acusación fue secundada en los pasados días por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, quien calculó en cerca de 160 millones de dólares el supuesto daño cometido contra el Estado boliviano. Las investigaciones derivaron el viernes en un allanamiento de la sede de la empresa Repsol YPF en Bolivia por un grupo de fiscales y policías que confiscaron documentación sobre el caso.