(Libertad Digital) Esperanza Aguirre pidió al presidente del Gobierno esta reunión el pasado 20 de mayo. Más de dos meses después, y tras recibir a otros presidentes regionales que habían solicitado una reunión más tarde que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre exigirá a José Luis Rodríguez Zapatero que cesen las discriminaciones a la Comunidad de Madrid en comparación con otras, como Andalucía, en la liquidación de los impuestos cedidos a las comunidades dentro del ejercicio 2003. hace unos días, el Gobierno reducirá el pago por los impuestos cedidos en 247 millones de euros. Esta cantidad es semejante a lo que recauda la Comunidad por el Impuesto sobre el Patrimonio, que Esperanza Aguirre quiere eliminar en el próximo curso político, por lo que podría considerarse una operación política.
La Comunidad de Madrid ha elaborado sus presupuestos de 2005 en función de la previsión de Hacienda de 2004 sobre la liquidación de 2003. Puesto que el gobierno quiere reducir en 247 millones de euros lo previsto por Hacienda, 841 millones, el presupuesto madrileño se resentirá por la decisión del Gobierno. Hacienda ha anunciado esa decisión a pesar de que la Comunidad de Madrid es la más dinámica de España. Aguirre pondrá de manifiesto ante Rodríguez Zapatero el doble rasero que el Ejecutivo nacional mantiene entre Madrid y Andalucía, liderada por el presidente del PSOE Manuel Chaves. El Gobierno aumentará la cantidad neta de impuestos cedidos a Andalucía en un 31 por ciento, el mismo porcentaje en que se lo reduce a Madrid.
No es la única exigencia que le planteará Aguirre al presidente del Gobierno. También le pedirá cuentas de la decisión gubernamental de no defender en Bruselas la reclasificación de la empresa Mintra. La deuda de esta empresa no computaba con anterioridad en el cómputo de la Comunidad de Madrid, algo que ha cambiado recientemente tras una decisión de Eurostat. Por último Esperanza Aguirre exigirá a Rodríguez Zapatero que explique la paralización de las inversiones del Gobierno en Madrid, lo que incluye la negativa a extender la R-3 y a construir la R-1. Todo ello contrasta con el adelanto de infraestructuras del Estado en Andalucía.