Estos fondos corresponden al año 2007 y el plazo máximo para usarlos caduca el 31 de diciembre de 2009, pero debido a estos retrasos no se han gastado. El Gobierno había pedido a Bruselas un año más de tiempo, hasta 2010, para utilizar los fondos, pero la Comisión ha rechazado esta demanda.
Esta prórroga de un año no estará incluida en la propuesta que el Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar el próximo viernes 17 de julio para agilizar el uso de las ayudas europeas como receta para hacer frente a la crisis económica, según confirmó hoy el portavoz de Política Regional, DennisAbbott. Abbott resaltó que el objetivo de la Comisión es "acelerar la inversión para crear crecimiento y empleo" y que una extensión del plazo "no es un incentivo" para adelantar la puesta en marcha de los proyectos.
En total, España debía recibir en 2007 un total de 6.300 millones de euros. El Ejecutivo comunitario ya pagado 2.600 millones en concepto de adelantos. Sin embargo, una parte importante del dinero, que la Comisión cifra en entre 800 y 1.000 millones de euros, está de momento congelado y corre el riesgo de perderse porque Bruselas no está satisfecha con los sistemas de control puestos en marcha por las 17 comunidades autónomas y ha reclamado "aclaraciones" adicionales, según explicó Abbot. Enfatizó que la situación no es "alarmante" y que Bruselas está "trabajando con las autoridades españolas para resolver la situación".
En todo caso, el portavoz subrayó que España "tiene hasta finales de año para utilizar esta financiación" y que "lo último que quiere la Comisión es castigar a los Estados miembros o quitarles dinero". Pero también dejó claro que tampoco "se pueden tomar atajos con el dinero de los contribuyentes".
El problema afecta también a otros países como Francia, Italia o Reino Unido, pero todos ellos perderían menos dinero que España porque reciben muchas menos ayudas europeas.
El Ejecutivo comunitario sostiene además que la propuesta que se presentará el viernes podría reducir el riesgo de que España pierda ayudas europeas. En efecto, según las nuevas reglas, cuando un Estado miembro envíe a Bruselas una solicitud de financiación para un gran proyecto, de más de 50 millones de euros, este dinero se considerará ya adjudicado y no se perderá aunque los fondos se gasten fuera de plazo.
Con esta nueva regla, la cantidad de fondos que perdería España se reduciría a 300 millones de euros, explicó el portavoz. Ello es así porque el Gobierno ya tiene preparados para enviar alrededor de 80 de estos grandes proyectos, entre ellos el tren de alta velocidad entre Madrid y Valencia, o varias grandes desaladoras y depuradoras. "Es una medida clave. Sin ella, el riesgo de pérdida de fondos sería más grande", dijo Abbot.
No obstante, este cambio debe ser todavía aprobado por la Eurocámara y los Veintisiete. Bruselas espera que se logre un acuerdo antes de que acabe el año.
Ayudas a los parados
La propuesta de la Comisión incluirá también el adelanto a los años 2009 y 2010 ayudas del presupuesto comunitario, en concreto del Fondo Social Europeo, para ayudar a mantener empleos en las personas afectadas por la crisis económica y a recolocar a los que han perdido su puesto de trabajo.
En total, el Ejecutivo comunitario ya anunció el pasado 4 de junio que quería avanzar el pago de 19.000 millones de euros, de los cuales 2.300 millones hubieran correspondido a España. Además, durante estos dos años, Bruselas proponía financiar el 100% de los proyectos que se pongan en marcha a cargo del Fondo Social Europeo, y dispensar así a los Gobiernos y las comunidades autónomas de la obligación de aportar entre el 50% y el 15% de las ayudas, según los casos, que se aplica normalmente. Ello facilitaría las cosas a los países con dificultades presupuestarias para cofinanciar las ayudas europeas.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha decidido presentar la propuesta legislativa pese a la oposición manifestada por la canciller alemana, Angela Merkel, en la cumbre del 18 y 19 de junio. Apoyan a Merkel la mayoría de los contribuyentes netos al presupuesto comunitario, especialmente Suecia y Países Bajos, que recuperarían el dinero en caso de que no se gaste. En cambio, Francia y Luxemburgo están a favor.